sexta-feira, 18 de dezembro de 2009

Bienes Aprehendidos

Bienes Aprehendidos

Stanley Martins Frasão*
Fernanda Campolina Veloso**

El Proyecto de Ley 1377/07, se convirtió en Ley, que entrará en curso en la fecha de su publicación, y añadirá dispositivos al art. 10 de la Ley nº 8.429, de 2 de junio de 1992 - Ley de la Improbidad Administrativa, en lo que se refiere a la guarda y conservación de bienes aprehendidos por la Administración Pública, citados a seguir:
XVI – Permitir, facilitar o concurrir para la depredación o degradación de cualesquier bienes aprehendidos por la administración.
§ 1º En el acto de la aprehensión de los bienes de que trata el inciso XVI, deberá ser elaborado, por la autoridad que los aprehendió, laudo de visto que describa las características y condiciones de conservación de los bienes y de sus partes integrantes y accesorias, cuando haya, siendo que se tiene que entregar una copia al propietario, o a su representante legal, contra recibo.
§ 2º En caso de que la autoridad que hizo la aprehensión no elabore el laudo de visto en los términos del § 1º, estará asumiendo, tácitamente, responsabilidad por los bienes aprehendidos, considerados estos y sus partes en perfecto estado de conservación.
§ 3º El propietario, o su representante legal, tendrá el plazo de 72 (setenta y dos) horas para replicar el laudo de que trata el § 1º y, al no hacerlo, será considerado que ha aceptado enteramente su contenido.
§ 4º Cuando sea dado destino a los bienes aprehendidos, en los términos de la legislación específica, en cada caso, serán estos nuevamente visados para confrontar si su estado de conservación coincide con aquel descrito en el laudo elaborado en el momento de la aprehensión, respondiendo la autoridad competente por la depredación o degradación que acaso exista, en los términos de este artículo.”
De acuerdo con el párrafo 4º, del art. 37, de la Constitución Federal, “los actos de improbidad administrativa llevarán a la suspensión de los derechos políticos, la pérdida de la función pública, la indisponibilidad de los bienes y al resarcimiento al erario, en la forma y gradación previstas en ley, sin perjuicio de ninguna acción penal”.
Partiendo de esa premisa, se promulgó la Ley Federal nº 8.429, conocida como Ley de la Improbidad Administrativa, en el intento de combatir la corrupción en el país y punir aquellos que causan perjuicio a los bienes públicos.
Delante de eso, con la extrema necesidad de una protección al patrimonio público, el legislador promulgó una norma de carácter amplio, sin una clara definición del concepto de improbidad administrativa, que sólo es encontrado en la doctrina y jurisprudencia, dando al tema conceptos diversificados, muchas veces contradictorios. Empero, la aplicación de la norma ha sido hecha de una forma indiscriminada, a causa de su carácter accesible.
Por el carácter amplio de la ley, el Diputado Silvinho Peccioli, que citó en su justificativa algunas leyes brasileñas que disciplinan la aprehensión de bienes por la administración (Código de Proceso Penal, Código Forestal, Código de Tránsito Brasileño, de la Ley nº 6.368, de 1976, que dispone sobre la prevención y represión a tráfico y uso indebido de drogas, de la Ley nº 6.575, de 1978, que dispone sobre el depósito y venta de vehículos removidos, aprehendidos y retenidos en todo el territorio nacional, de la Ley nº 9.613, de 1998, que dispone sobre los crímenes de "limpieza de dinero" u ocultación de bienes, derechos y valores, y de la Ley nº 11.101, de 2005, que regla la recuperación judicial y extrajudicial y la insolvencia del empresario y de la sociedad empresaria), entendiendo por bien, presentar el nombrado PL, incluyéndolos explícitamente en la Ley de Improbidad Administrativa, entre los actos de improbidad administrativa que causan perjuicio al erario, por acción u omisión, culposa dolosa, del administrador responsable por la guarda y conservación de los bienes aprehendidos que permita, facilite o concurra para su depredación o degradación.
Se percibe que el objetivo del Proyecto es resguardar los intereses tanto del propietario de los bienes como del Erario Público. Con frecuencia la administración pública tiene perjuicios considerables a causa de la depredación de los bienes aprehendidos, que pierden su valor y muchas veces no se consigue, con ellos, cubrir los gastos del proceso de aprehensión. El PL, que será analizado por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ), viene de encuentro a los principios de la moralidad pública, incluso porque se sabe que el Erario Público muchas veces es llamado a resarcir daños causados por funcionarios públicos a bienes que estuvieron bajo su guarda.
Defiende asimismo que la aplicación del PL protegerá también el bien que el Estado tiene la expectativa de que sea incorporado a su patrimonio, en razón del procedimiento judicial que haya dado origen a la aprehensión del mismo. Podrá ocurrir el fin de la depredación, degradación y el propio desperfecto de los bienes aprehendidos, cumpliéndose, así, la necesaria protección estatal de los bienes que estén bajo la guarda del Erario Público.
La pretendida reforma del artículo nombrado establece que en el acto de la aprehensión de los bienes, deberá ser elaborado, por la autoridad que hizo la aprehensión, un laudo de visto que describa las características y condiciones de conservación de los bienes y de sus partes integrantes y accesorias, siendo que se debe entregar una copia al propietario, o a su representante, mediante recibo. La autoridad que no elabore el laudo estará asumiendo, tácitamente, la responsabilidad por los bienes aprehendidos. El propietario tendrá un plazo de 72 horas para refutar el laudo. Por fin, cuando sea dado un destino a los bienes aprehendidos, ellos deberán ser nuevamente inspeccionados, para confrontar su estado de conservación con el ya descrito en el laudo de aprehensión, respondiendo la autoridad competente por la depredación que exista.
Los bienes entregados a la Administración Pública para libre utilización generan, incluso, perjuicios de carácter irreversible, además del propio desgaste que es inherente a la desvaloración de los bienes.
Véase, por ejemplo, cuando vehículos son aprehendidos. Estos, a veces, son objeto de utilización de forma irregular por funcionarios públicos que cometen infracciones de tránsito en las más variadas categorías existentes, tales como aparcar en locales prohibidos, exceso de velocidad, falta de uso de cinturón de seguridad, entre otras, y por supuesto, la penalidad de inclusión de puntos en el permiso de conducir y multas son debitados al propietario. El PL objetiva, incluso, evitar que se hagan procedimientos judiciales contra la Unión y Estados, responsables directos por la guarda de bienes aprehendidos.
Finalizando, se puede concluir que el PL, si convertido en Ley, será considerado un éxito y un gran avanzo principalmente a favor del Estado, minimizando irregularidades y perjuicios a las finazas públicas.
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*Abogado, master en Derecho Empresarial y socio del Estudio Homero Costa Advogados.
**En práctica profesional del Estudio Homero Costa Advogados.

Seized Goods


Seized Goods


Stanley Martins Frasão*
Fernanda Campolina Veloso**


Pedro Monteiro***


The Bill number 1377/07, if passed, will become effective on the date of its publication, and will add provisions to the article 10 of the Law number 8,429 of June 2nd, 1992 – the Administrative Misconduct Law, regarding the safeguard and upkeep of seized good by the Public Administration, cited below:
XVI – allow, facilitate or concur to the depredation or degradation of any goods seized by the administration.
§ 1st In the act of seizure of the section XVI, the seizing authority shall elaborate an report that describes the characteristics and conditions of conservation of goods and its integral parts and accessories, when applicable, and a copy of which must be handed to the owner or the owner’s legal representative, as a receipt.
§ 2nd In case the seizing authority does not elaborate an report in the terms of § 1st , it will tacitly take up the responsibility for the seized goods, considering these and their parts in perfect condition.
§ 3rd The owner or the owner’s legal representative will have 72 hours to dispute the report described in § 1st , and failure to do so will constitute integral acceptance of the report.
§ 4th When destination is provided for the seized goods, in the terms of the specific legislation, in each case the goods will be checked again so that a comparison of its present state and the state described in the report at the moment of seizure, and the competent authority will be held responsible for the depredation or degradation accrued, in the terms of this article.”
According to paragraph 4th of the article 37 of the Federal Constitution, "the acts of administrative misconduct will bring the suspension of political rights, loss of public occupation, the unavailability of goods and the reimbursement to public treasury in the manner and degree provided by law, without prejudice to admissible criminal prosecution."
From this premise, the Law number 8,429 was enacted and is known as the Law of Administrative Conduct, in the attempt to fight corruption in the country and punish those who damage the public property.
Thus, with extreme necessity to protect public property, the legislator enacted a far-reaching norm, without a clear definition of the concept of administrative misconduct, which is found only in the jurisprudence and doctrine, lending the matter diverse concepts, many times contradictory. However, the application of the norm has been done in an indiscriminate manner, due to its accessible character.
In view of the ample nature of the law, Congressman Silvinho Peccioli, cited in his justification a few Brazilian laws that rule the seizure of goods by the administration (Penal Code, Forestry Code, Driving Code, the Law number 6,368 of 1976, which deal with the prevention and repression to traffic and inappropriate use of drugs, the Law number 6,575 of 1978, which deals with the storage and sale of vehicles towed, seized and retained throughout the country, the Law number 9,613 of 1998, which deals with crimes of money laundry or concealment of assets, rights and valuables; and the law 11,101 of 2005, which regulates the judicial and extrajudicial recovery and the bankruptcy of private enterprises), on the understanding that the above mentioned Bill should be presented, including the Law of Administrative Misconduct, among the acts of administrative misconduct that cause losses to the treasury due to action or omission, intentional or not, of administrator responsible for the safeguard and upkeep of seized goods who allows, facilitates or concurs for the depredation or degradation of seized goods.
We note that the objective of the Bill is to safeguard the interests of the owner of the goods as well as of the public treasury. Frequently the public administration accrues significant losses due to the depredation of seized goods, which lose their value and many times are not apt to cover the expenses of the process of seizure. The Bill, which is being analyzed by the Commission of Constitution and Justice and of Citizenship, is in the interest of the principles of public morality, and it is known that the public treasury many times has to compensate the damages caused by public servants to goods that were under their supervision.
He also defends that the Bill will protect the goods which the State expects to incorporate to its assets, due to the proceedings that originated the seizing of the goods. It will also put an end to the depredation, degradation and the trashing of seized goods, fulfilling the required protection of the goods secured by the public treasury.
The intended reform of the article cited above establishes that in the act of seizing the goods, the seizing authority has to produce a report that describes the characteristics and condition of the goods and their integral parts and accessories, a copy of which has to be handed to the owner or legal representative with a receipt. The authority that does not produce a report will be held responsible for the seized goods. The owner will have a 72 hour period to question the report. Finally, when the decision about what will happen to the goods is reached, the goods will be checked again and their state of preservation will be compared to the state reported at the time of seizure, and the competent authority will be held responsible for existing depredation.
The goods handed to the public administration for free use may generate losses of an irreversible nature, and the inherent wear and tear of the goods. When motor vehicles are seized, for example, they are sometimes object to use in an irregular manner by public workers who commit traffic violations of all sorts, such as parking violations, speeding, failure to use a seat belt, among others. And, of course, the fines and other penalties are charged to the owner. The Bill aims to avoid the filing of lawsuits against the State, which is responsible for the safeguard of the seized goods.
Finally the Bill, if converted into law, will be considered an advance mainly for the State, since it will minimize irregularities and losses to public coffers.
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*Stanley Martins Frasão is attorney at "Homero Costa Advogados"
**Fernanda Campolina Veloso is a paralegal at "Homero Costa Advogados"
***Pedro Monteiro is a translator


terça-feira, 15 de dezembro de 2009

Bens apreendidos


Bens apreendidos


Stanley Martins Frasão*
Fernanda Campolina Veloso**


O PL 1.377/07 (clique aqui), se convertido em Lei, que entrará em vigor na data de sua publicação, e acrescerá dispositivos ao art. 10 da lei 8.429, de 2 de junho de 1992 - Lei da Improbidade Administrativa (clique aqui), no que diz respeito à guarda e conservação de bens apreendidos pela Administração Pública, a seguir citados:
"XVI – permitir, facilitar ou concorrer para a depredação ou degradação de quaisquer bens apreendidos pela administração.
§ 1º No ato da apreensão dos bens de que trata o inciso XVI, deverá ser elaborado, pela autoridade apreendedora, laudo de vistoria que descreva as características e condições de conservação dos bens e de suas partes integrantes e acessórias, quando houver, sendo entregue uma via ao proprietário, ou seu representante legal, contra recibo.
§ 2º No caso de a autoridade apreendedora não elaborar o laudo de vistoria nos termos do § 1º, estará assumindo, tacitamente, responsabilidade pelos bens apreendidos, considerados estes e suas partes em perfeito estado de conservação.
§ 3º O proprietário, ou seu representante legal, terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas para contestar o laudo de que trata o § 1º e, não o fazendo, será considerado inteiramente aceito seu conteúdo.
§ 4º Quando for dada destinação aos bens apreendidos, nos termos da legislação específica, em cada caso, serão estes novamente vistoriados para confrontar-se seu estado de conservação com aquele descrito no laudo elaborado no momento da apreensão, respondendo a autoridade competente pela depredação ou degradação porventura existentes, nos termos deste artigo."
De acordo com o parágrafo 4º, do art. 37, da Constituição Federal (clique aqui), "os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".
Partindo dessa premissa, promulgou-se a lei 8.429, conhecida como Lei da Improbidade Administrativa, na tentativa de se combater a corrupção no país e punir aqueles que causam prejuízo à coisa pública.
Diante disso, com a extrema necessidade de se proteger o patrimônio público, o legislador promulgou uma norma de caráter amplo, sem uma clara definição do conceito de improbidade administrativa, que somente é encontrado na doutrina e jurisprudência, dando à matéria diversificados conceitos, muitas vezes contraditórios. Contudo, a aplicação da norma tem sido feita de uma forma indiscriminada, devido ao seu caráter acessível.
Em razão do caráter amplo da lei, é que o Deputado Silvinho Peccioli, que citou em sua justificativa algumas leis brasileiras que disciplinam a apreensão de bens pela administração (CPP - clique aqui, Código Florestal - clique aqui, CTB (clique aqui), da lei 6.368/76 (clique aqui) , que dispõe sobre a prevenção e repressão ao tráfico e uso indevido de drogas, da lei 6.575/78 (clique aqui), que dispõe sobre o depósito e venda de veículos removidos, apreendidos e retidos em todo o território nacional, da lei 9.613/98 (clique aqui), que dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, e da lei 11.101/05 (clique aqui), que regula a recuperação judicial e extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária), entendendo por bem apresentar o aludido PL, incluindo explicitamente na Lei da Improbidade Administrativa, entre os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, por ação ou omissão, culposa ou dolosa, do administrador responsável pela guarda e conservação dos bens apreendidos que permitir, facilitar ou concorrer para sua depredação ou degradação.
Percebe-se que o objetivo do Projeto é resguardar os interesses tanto do proprietário dos bens como do Erário Público. Frequentemente a administração pública tem prejuízos de monta por conta da depredação dos bens apreendidos, que perdem valor e muitas vezes não são aptos a cobrir as despesas com o processo de apreensão. O PL, que será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - CCJ, vem de encontro aos princípios da moralidade pública, até porque é sabido que o Erário Público muitas vezes é chamado a ressarcir danos causados por funcionários públicos a bens que estiveram sob sua guarda.
Defende também que a aplicação do PL protegerá também o bem sob o qual o Estado tem a expectativa de ser incorporado ao seu patrimônio, em razão do procedimento judicial que tenha dado origem a apreensão do mesmo. Poderá ocorrer o fim da depredação, degradação e o próprio sucateamento dos bens apreendidos, cumprindo-se, assim, a necessária proteção estatal dos bens sob a guarda do Erário Público.
A pretendida reforma do artigo supracitado estabelece que no ato da apreensão dos bens, deverá ser elaborado, pela autoridade apreendedora, um laudo de vistoria que descreva as características e condições de conservação dos bens e de suas partes integrantes e acessórias, sendo entregue uma via ao proprietário, ou ao seu representante, mediante recibo. A autoridade que não elaborar o laudo estará assumindo, tacitamente, a responsabilidade pelos bens apreendidos. O proprietário terá prazo de 72 horas para contestar o laudo. Por fim, quando for dada destinação aos bens apreendidos, eles deverão ser novamente vistoriados, para confrontar seu estado de conservação com o descrito no laudo da apreensão, respondendo a autoridade competente pela depredação provavelmente existente.
Os bens entregues à Administração Pública para livre utilização geram, inclusive, prejuízos de caráter irreversível, além do próprio desgaste que é inerente à desvalorização dos bens.
Vejam, por exemplo, quando veículos são apreendidos. Estes, às vezes, são objeto de utilização de forma irregular por funcionários públicos que cometem infrações de trânsito das mais variadas categorias existentes, tais como o estacionamento em locais proibidos, excesso de velocidade, falta de uso de cinto de segurança, dentro outras, e claro, a penalidade de inclusão de pontos na carteira e multas são debitados ao proprietário. O PL objetiva, inclusive, evitar a propositura de procedimentos judiciais contra a União e Estados, responsáveis diretos pela guarda de bens apreendidos.
Por fim, pode-se concluir que o PL, se for convertido em Lei, será considerado um êxito e avanço principalmente a favor do Estado, minimizando-se irregularidades e prejuízos aos cofres públicos.
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*Advogado, mestre em direito empresarial e sócio do escritório Homero Costa Advogados**Paralegal do escritório Homero Costa Advogados


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Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 15 de dezembro de 2009.

segunda-feira, 23 de novembro de 2009

Dia da consciência negra


Dia da consciência negra
Stanley Martins Frasão*
Fernanda Campolina Veloso**
O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de Novembro no Brasil e é dedicado à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.
O dia é celebrado desde a década de 1960, e coincide com o dia da morte de Zumbi dos Palmares que ocorreu em 1695. O dia tem significado especial para os negros brasileiros que reverenciam Zumbi como o herói que lutou pela liberdade. Além de ser um dos nomes mais importantes da Capoeira, é reverenciado pela população brasileira por ser um símbolo de resistência do negro à escravidão.
Na semana do dia 20 de novembro, inúmeros temas são abordados pela comunidade negra e os que ganham evidência são: inserção do negro no mercado de trabalho, cotas universitárias, se há discriminação por parte da polícia, identificação de etnias, moda e beleza negra, etc. Algumas entidades organizam palestras e eventos educativos em que procura-se evitar o desenvolvimento do auto-preconceito, ou seja, da inferiorização perante a sociedade.
A marginalização dos negros ocorre dentro de um contexto histórico, processo de abolição da escravidão e formação econômica moderna, em que a estrutura de classes da sociedade está se constituindo tendo como conseqüência o posicionamento desfavorável dos negros, devido a forma de inserção desigual na estrutura de classes, no que se refere a renda, escolaridade e ocupação.
Nesse sentido, uma das características marcantes do mercado de trabalho brasileiro até hoje é a desigualdade de oportunidades entre os grupos raciais. As estatísticas revelam um quadro assustador sobre a maneira de como brancos e negros estão distribuídos na estrutura ocupacional. Dados estatísticos do IBGE mostram que o rendimento médio da população branca no Brasil é de R$ 812,00; e a dos negros é de R$ 409,00.
Estas desigualdades presentes no mercado de trabalho, estão presentes, também na educação. Pesquisa revela a baixa freqüência dos negros nas universidades brasileiras. Enquanto 80% dos universitários são brancos, somente 2,2% são negros.
Juridicamente discute-se a constitucionalidade da política de quotas para negros nas universidades a partir do dispositivo do princípio da igualdade do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Apesar de muitos defenderem essa política como forma de assegurar ao negro a sua participação na sociedade, muitos estudiosos vêem nessa política o aumento da discriminação entre brancos e negros.
São essas práticas discriminatórias presentes no cotidiano que indicam a permanência do racismo. A sociedade brasileira preserva profundas desigualdades raciais, de rendimentos, educacionais e ocupacionais.
O Dia da Consciência Negra, portanto, deve ser comemorado como uma data para se lembrar da resistência do negro à escravidão em contraposição ao 13 de maio quando foi decretada a abolição da escravatura pela princesa Isabel. É a celebração da generosidade de uma branca em relação aos negros. Neste dia, os negros exaltam a sua origem africana e exaltam a sua luta pela liberdade de informação, religião e cultural. Buscam maior participação e cidadania para os afro-brasileiros associando-se a outros grupos para dizer não ao racismo, à discriminação e ao preconceito racial.
Espera-se este 20 de Novembro, assim como todos os outros, seja de muita festividade, alegria e renove as energias para continuar a trajetória para a conquista de direitos e igualdade de oportunidades. Estejamos todos engajados nesta caminhada pela liberdade e pela consciência da riqueza da diversidade racial.
A marginalização dos negros ocorre dentro de um contexto histórico, processo de abolição da escravidão e formação econômica moderna, onde a estrutura de classes da sociedade nacional está se constituindo e como conseqüência teremos o posicionamento desfavorável dos negros, devido a forma de inserção desigual na estrutura de classes, no que se refere a renda, escolaridade e ocupação.
Em outros termos, poderíamos dizer que o Estado a partir da segunda metade do século XIX, pós-1850, e, principalmente, início do século XX, até meados dos anos 40, foi o veículo primordial da formação de um mercado de trabalho fundado na exclusão dos negros e descendentes.
Esse mercado de trabalho, estruturado de cima para baixo pelo poder estatal, privilegiava os indivíduos brancos e dificultava o acesso de outros grupos raciais tendo em vista a crença, então em voga por aqui, a respeito da superioridade dos brancos. Essa ideologia racial irá, evidentemente, dificultar a inserção dos negros no nascente mercado de trabalho tendo em vista sua suposta inferioridade e a discriminação racial será, então, uma das marcas visíveis que o negro encontrará na busca por trabalho.
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*Advogado, mestre em direito empresarial e sócio do escritório Homero Costa Advogados**Paralegal do escritório Homero Costa Advogados


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Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 20 de novembro de 2009 (http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=97661 ).

IPTU - majoração em Belo Horizonte

Correio eletrônico recebido do meu Amigo Gilson Judice:

"DADOS FORAM RETIRADOS DE UM FOLHETO QUE RECEBI NA MINHA CASA, FOI ORGANIZADO PELO CDL E ALGUNS SINDICATOS E ORGANIZAÇÕES DE BAIRRO.
NOTÍCIAS SOBRE O AUMENTO DO IPTU NO SITE www.uai.com.br PERTENCENTE AO JORNAL ESTADO DE MINAS
FAVORAVEIS AO AUMENTO DO IPTU (33)
ADRIANO VENTURA - fone (31)3555-1194 adrianoventura@cmbh.mg.gov.br
ALBERTO RODRIGUES fone (31)3555-1401 albertorodrigues@cmbh.mg.gov.br
ALEXANDRE GOMES fone (31)3555-1402 alexandregomes@cmbh.mg.gov.br
ARNALDO GODOY fone (31)3555-1164 arnaldogodoy@cmbh.mg.gov.br
PASTOR AUTAIR fone (31)3555-1307 autairgomes@cmbh.mg.gov.br
BRUNO MIRANDA fone (31)3555-1145 brunomiranda@cmbh.mg.gov.br
CABO JÚLIO fone (31)3555-1209 cabojulio@cmbh.mg.gov.br
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PASTOR CHAMBARELLE fone (31)3555-1153 chambarelle@cmbh.mg.gov.br
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EDINHO DO AÇOUGUE fone (31)3555-1174 edinhoribeiro@cmbh.mg.gov.br
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LEONARDO MATTOS fone (31)3555-1192 leonardomattos@cmbh.mg.gov.br
LUIS TIBÉ fone (31)3555-1107 luistibe@cmbh.mg.gov.br
MARIA LÚCIA SCARPELLI fone (31)3555-1151 marialscarpelli@cmbh.mg.gov.br
MOAMED RACHID fone (31)3555-1143 moamedrachid@cmbh.mg.gov.br
PABLITO fone (31)3555-1190 pablito@cmbh.mg.gov.br
PAULINHO MOTORISTA fone (31)3555-1182 paulinhomotorista@cmbh.mg.gov.br
PAULO LAMAC fone (31)3555-1188 paulolamac@cmbh.mg.gov.br
REINALDO PRETO DO SACOLÃO fone (31)3555-1204 pretosacolao@cmbh.mg.gov.br
PRICILA TEIXEIRA fone (31)3555-1200 pricilateixeira@cmbh.mg.gov.br
RONALDO GONTIJO fone (31)3555-1178 ronaldogontijo@cmbh.mg.gov.br
SÉRGIO FERNANDO fone (31)3555-1207 ronaldogontijo@cmbh.mg.gov.br
SILVINHO REZENDE fone (31)3555-1147 silvinhorezende@cmbh.mg.gov.br
WAGNER MESSIAS-PRETO fone (31)3555-1176 preto@cmbh.mg.gov.br
WELLINGTON MAGALHÃES fone (31)3555-1184 wellingtonmagalhaes@cmbh.mg.gov.br
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AUSENTES (4)
NEUSINHA SANTOS fone (31)3555-1149 neusinhasantos@cmbh.mg.gov.br
ANSELMO DOMINGOS fone (31)3555-1172 anselmojosedomingos@cmbh.mg.gov.br
ELIAS MURAD fone (31)3555-1301 eliasmurad@cmbh.mg.gov.br
ELAINE MATOZINHOS fone (31)3555-1102 elainematozinhos@cmbh.mg.gov.br "

sexta-feira, 2 de outubro de 2009

"'Legitimidade do Ministério Público..."

"Legitimidade do Ministério Público e da Recomendação como Instrumento útil para provocar o autocontrole da constitucionalidade pelo Poder elaborador da norma"

V Prêmio Innovare 2008. JUSTIÇA PARA TODOS. Democratização do Acesso à Justiça. Meios Alternativos para Resolução de Conflitos.

Stanley Martins Frasão*


A procuradora de justiça Elaine Martins Parise e o promotor de justiça João Batista da Silva, que concorrem ao V Prêmio Innovare na categoria Ministério Público, apresentaram a prática "Legitimidade do Ministério Público e da Recomendação como Instrumento útil para provocar o autocontrole da constitucionalidade pelo Poder elaborador da norma."


O Controle de Constitucionalidade de Lei e Atos Normativos municipais por meio de recomendação é a descrição da prática, em funcionamento há 18 meses.
Como meio alternativo para resolução de conflito, saneia o ordenamento jurídico municipal extirpando Atos Normativos incompatíveis com a Constituição, sem a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
O funcionamento é o seguinte: - após a instauração de procedimento administrativo interno, no qual se aprecia a compatibilidade do ato normativo com a Constituição Estadual, verificando-se o malferimento desta, expede-se recomendação, com fulcro nos arts. 6º, XX, da Lei Complementar federal n.º 75/1993 (clique aqui) c/c art. 27, I, parágrafo único, IV, da Lei federal n.º 8.625/1993 (clique aqui), ao Poder elaborador da norma com o fim de que este, no seu poder de autotutela, elimine o vício da inconstitucionalidade. Somente na hipótese de não acatamento da recomendação, propõe-se Ação Direta de Inconstitucionalidade em relação ao ato normativo em evidência.
O que deu ensejo à criação da prática foi o controle de constitucionalidade no âmbito do Estado-membro sem propositura das demandas previstas, na Constituição, para o controle concentrado de constitucionalidade.
O sucesso da prática está no acatamento, na sua grande maioria, das recomendações expedidas pela Coordenadoria de Controle de Constitucionalidade, evitando-se, com isso, ajuizamento da demanda, o que contribui, sobremaneira, para o desafogamento das atividades do Poder Judiciário, e, principalmente, para a extirpação, do ordenamento jurídico, de atos normativos contrários ao texto constitucional.
A Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade foi criada por Resolução da Procuradoria Geral de Justiça n. 77, de 16/9/2005. Sendo que de 2005 até 31/7/08 foram expedidas 189 Recomendações, das quais 155 foram arquivadas, 54 Ações Direita Inconstitucionalidades foram ajuizadas, 16 Intervenções ajuizadas, 505 Procedimentos Administrativos instaurados.

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*Consultor externo do Prêmio Innovare e advogado do escritório Homero Costa Advogados.

sexta-feira, 3 de julho de 2009

"Audiência pública junto à sociedade civil"


"Audiência pública junto à sociedade civil"


V Prêmio Innovare 2008.

JUSTIÇA PARA TODOS.

Democratização do Acesso à Justiça.

Meios Alternativos para Resolução de Conflitos.


Stanley Martins Frasão*

Fui recebido pelo Promotor de Justiça Rolando Carabolante e Sra. Marluce Metzker Silva Oliveira, em 12/9/08, que prestaram informações sobre a prática "Audiência pública junto à sociedade civil", apresentada pelos procuradores Jarbas Soares Júnior e Fernando Antônio Fagundes Reis, indicada para concorrer ao V Prêmio Innovare na categoria Ministério Público.
O projeto disciplina a realização de Audiências sob o ângulo da simplificação e da eficiência, com maior publicidade e participação dos cidadãos diretamente e através de entidades representativas, aplicada em 2007-2008, promove a Justiça para todos, democratizando o acesso à Justiça e definindo meios alternativos para resolução de conflitos. A prática é precedida de mobilização social e audiências preliminares, com posterior reunião com representantes da comunidade, e retorno dos encaminhamentos.
Certamente o sucesso da prática está na apresentação dos membros da Instituição à comunidade possibilitando sua individualização e identificação, e na disposição de ouvir a sociedade civil organizada, apresentando-se as Audiências Públicas como palco para coleta de subsídios na defesa dos relevantes interesses públicos, guiando as providências por um juízo mais aproximado das necessidades e da realidade coletivas.
A prática promove acesso à justiça, das comunidades menos favorecidas, colocando o MPMG na condição de parceiro na busca de soluções para os problemas vividos por comunidades há vários anos ou décadas, sem atenção.
É sucesso porque o Ministério Público está disponível a juntar esforços para demonstrar ser ainda possível aplicar o Direito buscando Justiça, mesmo sem necessidade de demanda judicial. Essa prática mostra-se como alternativa na solução simples e eficiente, com legitimidade e transparência, permitindo que a comunidade participe e expresse seus anseios e opiniões na construção de propostas de enfrentamento para as questões debatidas. Esta forma de interlocução é profundamente democrática, pois possibilita ao cidadão, apresentar aos Promotores de Justiça quais são as deficiências e necessidades que determinada comunidade enfrenta, podendo assim buscar acesso à Justiça conjuntamente, permitindo, ainda, ao MPMG as mais variadas opiniões sobre as matérias debatidas.
Interessante constatar a evolução do Ministério Público, que desenvolveu um Projeto com o objetivo de organizar e promover a execução de Audiências Públicas nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais, visando ao estabelecimento de prioridades de ação institucional que melhor atendam às necessidades sociais. Ao criar e estabelecer, no âmbito do MP, uma rotina de interlocução da administração superior e órgãos de execução com a sociedade civil, determinando as necessidades e responsabilidades dos setores envolvidos, está, certamente, mais perto da população civil, cumprindo a respectiva missão.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare
Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 5 de novembro de 2008.

quarta-feira, 1 de julho de 2009

"Junta Municipal de Conciliação e Inclusão Social com agentes comunitários de justiça"

"Junta Municipal de Conciliação e Inclusão Social com agentes comunitários de justiça"

V Prêmio Innovare 2008.

JUSTIÇA PARA TODOS.

Democratização do Acesso à Justiça.

Meios Alternativos para Resolução de Conflitos

Stanley Martins Frasão*

O promotor de justiça André Luis Alves de Melo, que concorreu ao V Prêmio Innovare na categoria Ministério Público, apresentou a prática "Junta Municipal de Conciliação e Inclusão Social com agentes comunitários de justiça."
O projeto consiste em uma Junta Multidisciplinar que visita as casas com um questionário previamente elaborado pela equipe e verificando algum problema jurídico-psico-social sugere o atendimento pela Junta. A pro-atividade do Projeto permite planejamento, além de privilegiar soluções mediadoras e preventivas, contribuindo efetivamente para a descentralização do atendimento jurídico, evitando a judicialização dos problemas sociais.
A prática é desenvolvida, há três anos, em Grupiara, uma pequena cidade com 1.500 habitantes, situada no Triângulo Mineiro. São feitas visitas diárias a uma média de cinco casas por agente comunitário, durando cada uma em torno de 40 minutos, sendo que a equipe reúne-se semanalmente e atende de cinco a dez casos conforme a complexidade. Já foram atendidos 600 casos individuais pela equipe e visitas há quase todas as casas, avaliando as necessidades jurídico-sociais como documentação, regularidade familiar, trabalhista, previdenciária, acompanhamento de vítimas de crimes e outros em um questionário com mais de cinqüenta perguntas. De todo este volume de trabalho, ocorreram menos de 50 ações judiciais, pois os problemas foram resolvidos extrajudicialmente.
A prática é eficaz como meio alternativo de resolução de conflitos, porque visa solucionar o problema extrajudicialmente, pois muitas questões são apenas informações ou problemas que não demandam ação judicial como um pedido de beneficio junto ao INSS, um pedido de seguro de DPVAT, união estável, multas de trânsito, tributos, ou até mesmo serviços em cartórios extrajudiciais. Ademais permite o acesso a direitos fundamentais sem necessidade de ajuizar ação judicial.
No Brasil há quase seis mil municípios e apenas um terço é sede de Comarca. Logo, a municipalização com o controle do Estado sobre os termos de cooperação é uma alternativa inovadora de acesso ao direito em temas menos complexos. O trabalho multidisciplinar, advocacia, psicólogos, assistentes sociais, embora existente no meio jurídico, ainda não é comum. No entanto, podemos destacar como maior inovação a função do agente comunitário de justiça com remuneração e trabalho pró-ativo, além do fato de trabalhar em municípios que nem são sede de Comarca.
O fator de sucesso da prática é a simplicidade da mesma, funcionando em um local simples, facilitando o acesso das pessoas, que conversam com um psicólogo, um assistente social e um advogado em uma mesa redonda, de forma bem informal. Por exemplo, antes de se ajuizar ações de divórcio busca-se uma mediação do casal e muitas vezes é obtido êxito.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 5 de novembro de 2008.

"Projeto superação"




"Projeto superação"


V Prêmio Innovare 2008.
JUSTIÇA PARA TODOS.
Democratização do Acesso à Justiça.
Meios Alternativos para Resolução de Conflitos

Stanley Martins Frasão*

Fui recebido, em 3/9/08, pelo Comissário de Menores Leonardo Gomes Sampaio, co-autor da prática "Projeto superação", que concorreu juntamente com a Dra. Valeria da Silva Rodrigues ao V Prêmio Innovare na categoria Juiz Individual.
A prática atende vinte adolescentes em conflito com a lei, dependentes de drogas lícitas e ou ilícitas, em psicoterapia de grupo, grupos de apoio familiar e oficinas culturais e sócio-educativas semanais, pelo prazo inicial de 6 (seis meses). Este trabalho apresenta o relato da experiência que instituiu e implementou o Projeto, atendendo ao comando constitucional de proteção especial, inserido no inciso VII, do parágrafo 3º, do art. 227 (clique aqui), que visa aumentar as possibilidades de atendimento terapêutico de adolescentes em cumprimento de medidas judiciais, facilitando o acesso a Justiça destes sujeitos de direito.
O Projeto é fruto da sinergia criada entre o TJ/MG, por meio da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, o Governo Federal, representado pela Secretaria Nacional Anti-Drogas, vinculada ao Ministério da Justiça, a Associação Brasileira Comunitária para a Prevenção do Abuso de Drogas – ABRAÇO, a Associação Imagem Comunitária – AIC, e a Associação Municipal de Assistência Social – AMAS.
Em razão do comando constitucional (parágrafo único do art. 243) todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será recolhido ao FUNAD, instituído pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986 (clique aqui). A Lei nº 11343/06, em seus arts. 25, 60 (clique aqui) e seguintes estabelece que a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas - SENAD, gestora dos recursos recolhidos junto ao FUNAD, poderá firmar convênio com os Estados, com o Distrito Federal e com organismos envolvidos na prevenção, repressão e no tratamento de tóxico-dependentes, com vistas à liberação de recursos por ela arrecadados, para a implantação e execução de programas de combate ao tráfico ilícito e prevenção ao tráfico e uso indevido de produtos, substâncias ou drogas ilícitas ou que determinem dependência física ou psíquica.
Assim, o financiamento dos atendimentos terapêuticos, grupos de apoio e oficinas culturais e sócio-educativas previstos no Projeto é assegurado pela possibilidade legal de reverter, para esta finalidade, bens e valores que tiveram alguma relação com o cometimento de atos infracionais.
Um fator de sucesso é contribuir para a redução do uso e abuso de drogas no universo juvenil, especialmente entre adolescentes em conflito com a lei atendidos pelo Projeto, provenientes de famílias carentes de recursos financeiros para a subsistência digna, o que gera múltiplos conflitos e sobrecarrega o sistema de Justiça infanto-juvenil.
A principal dificuldade encontrada é a concretização de convênio com a Secretaria Nacional Anti-Drogas, visando o repasse dos valores, destinados ao FUNAD pela Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, para atendimento dos adolescentes inseridos na Prática.
Assim, a prática, que diz respeito ao adolescente em conflito com a lei, visa dar a atenção à redução do uso de álcool e outras drogas, bem como à questão da reincidência, numa perspectiva que promova a aproximação dos saberes Jurídicos e Médicos, sendo medida que tem por meta a minimização de conflitos.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare .
Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 4 de novembro de 2008.

terça-feira, 23 de junho de 2009

"Portas abertas"



"Portas abertas"



V Prêmio Innovare 2008. JUSTIÇA PARA TODOS. Democratização do Acesso à Justiça. Meios Alternativos para Resolução de Conflitos



Stanley Martins Frasão*



Recebi, em 8/9/08, a Juíza Flávia de Vasconcellos Lanari em meu escritório e no dia 9/9/08 compareci no Fórum de Contagem, onde participei de três audiências e tive a oportunidade de conversar com advogados, que elogiaram a atuação da Autora da Prática. A Dra. Flávia concorreu ao V Prêmio Innovare na categoria Juiz Individual.
A prática consiste na presença e orientação efetiva da magistrada nas audiências de conciliação realizadas na Central de Conciliação em relação aos feitos da 2ª Vara de Família de Contagem/MG. A regra é o funcionamento da Central de Conciliação sem a presença do juiz.
Desde de fevereiro de 2.007, data de sua promoção para a 2ª Vara de Família de Contagem, a juíza passou a fazer contato com a Central de Conciliação para tomar conhecimento dos dias e horários das audiências designadas para a respectiva 2ª Vara. Passou então a comparecer e a interagir com os estagiários do curso de Direito e de Psicologia. São realizadas cinco audiências simultaneamente, em "boxes" separados. Os conciliadores iniciam a audiência, propondo a reconciliação e a conciliação. Se ocorrer a reconciliação, o conciliador chama a juíza para sentenciar o feito. Se ocorrer a conciliação o conciliador esboça o acordo e chama a juíza para revisá-lo, ouvir testemunhas para comprovação do tempo da separação no caso de divórcio, e para sentenciar o feito. Se não ocorrer a conciliação, o conciliador chama a juíza para ir conversar com as partes e esclarecer suas dúvidas. Em qualquer cenário, encerrada a participação do conciliador, a juíza comparece ao box para conversar com as partes e seus advogados.
A principal dificuldade encontrada foi com o Promotor de Justiça titular da Promotoria que atuava na 2ª Vara de Família de Contagem. Apesar de intimado para as audiências o Promotor recorria de todas as sentenças prolatadas por entender que a Central de Conciliação, mesmo com a presença da juíza, era uma prática inconstitucional e que feria o "devido processo legal". A conduta notória do Promotor inclusive inviabilizou vários acordos quando as partes vinham acompanhadas de advogados que conheciam o entendimento dele e sabiam dos recursos. Para os advogados, um divórcio, por exemplo, saía mais rápido se não fosse realizado o acordo e houvesse necessidade de contestação e instrução, em razão do tempo do processo na 2ª instância. O Promotor de Justiça foi promovido para outra Comarca e um novo Promotor começou a atuar na 2ª Vara de Família de Contagem/MG. O Ministério Público, de modo geral, é favorável às Centrais de Conciliação, embora os Promotores não compareçam às audiências.
Um dos fatores de sucesso da prática foi a persistência da juíza em comparecer às audiências na Central mesmo com a avalanche de recursos interpostos pelo Ministério Público, que lhe causavam muito desânimo. Outro fator de sucesso da prática foi a cultura do acordo estabelecida, inclusive entre os advogados. Merece destaque também a presença constante da Defensoria Pública na Central. Como o requerido normalmente comparece sem advogado é importante que ele possa contar com um profissional para aconselhá-lo.
A prática democratiza o acesso à Justiça porque as partes falam sem cerimônia e sem intermediários com a magistrada. É um meio alternativo de resolução de conflitos porque a audiência de conciliação é realizada antes da contestação.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare
Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 3 de novembro de 2008.

"Cidadania rural itinerante"


"Cidadania rural itinerante"


V Prêmio Innovare 2008. JUSTIÇA PARA TODOS.


Democratização do Acesso à Justiça. Meios Alternativos para Resolução de Conflitos.


Stanley Martins Frasão*


Fui recebido pelo Juiz Márcio Barbosa Maia e funcionários do Juizado Especial Federal de Uberaba/MG, em 10.9.2008. O Dr. Márcio concorreu ao V Prêmio Innovare na categoria Juiz Individual.
O programa cidadania rural itinerante, de caráter voluntário, consiste em um conjunto de medidas tendentes a divulgar as ações do Juizado Especial Federal de Uberaba junto às populações rurais situadas no âmbito de sua respectiva jurisdição, mediante emprego de uma linguagem simples e compatível com a realidade do homem do campo. Como medida de efetiva aproximação comunicativa e cultural, os colaboradores do JEF portam chapéus e vestem camisetas do programa e as ações são desenvolvidas sob o som de uma autêntica música caipira (moda de viola) entoada por violeiros profissionais, também voluntários.
O funcionamento da prática é o seguinte: - uma equipe do Juizado Especial Federal de Uberaba desloca-se até a comunidade rural contemplada pelo projeto, com uma antecedência mínima de duas semanas, no afã de divulgar a data em que será realizada a ação, bem como para prestar orientação aos trabalhadores rurais e seus dependentes, em linguagem simplificada, informando a documentação mínima necessária para o ajuizamento das demandas previdenciárias ou assistenciais perante o Juizado Especial Federal.
Os dirigentes das escolas rurais, por terem acesso aos professores e aos filhos dos trabalhadores rurais, prestam uma colaboração relevante no tocante à divulgação do programa no raio da comunidade beneficiada. Além do que as informações são diretamente dirigidas ao público-alvo do programa, evitando-se a sua manipulação política e a sua divulgação para pessoas ou instituições alheias aos seus verdadeiros desígnios.
Na escola rural onde funciona o atendimento, a equipe do JEF divide-se em duas frentes. Um grupo de atermadores colhe os pedidos in loco e outro grupo orienta e esclarece os trabalhadores rurais e seus dependentes acerca do funcionamento, da estrutura, da competência, da natureza e da localização do Juizado Especial Federal, além de ministrar as informações relevantes sobre os direitos passíveis de serem exercitados perante esse órgão jurisdicional.
Evitar que pessoas usem a prática para se promover politicamente é a grande preocupação dos envolvidos do programa.
Um dos principais fatores de sucesso da prática consiste na adequação do seu objeto à realidade social, econômica, geográfica e cultural da população rural brasileira carente de acesso à jurisdição. Houve um crescimento progressivo do número de processos iniciados diretamente pelo próprio trabalhador rural ou seu dependente perante o Juizado Especial Federal de Uberaba/MG (atermação), verificado a partir do final do ano de 2006 (ano da implantação do projeto). Constatou-se, ao longo do tempo, uma espécie de "efeito multiplicador" das ações efetivamente realizadas nas comunidades rurais da região de Uberaba. Em outras palavras, aqueles trabalhadores que foram diretamente contemplados pelo programa têm repassado aos colegas rurícolas as informações recebidas no contexto das ações da prática. Tal "efeito multiplicador" é extremamente saudável na medida em que um dos objetivos precípuos do programa é a plena divulgação dos Juizados Especiais Federais em prol da população rural. Realmente, um programa voltado para o exercício direto da cidadania rural deve redundar numa ampliação qualitativa dos processos envolvendo os direitos dos rurícolas, que tornaram a Justiça acessível a todos. Ocorre a ampliação qualitativa na medida em que o cidadão trabalhador rural exerce o seu direito conscientemente. E esse é o escopo último do projeto, qual seja, incutir no trabalhador rural a consciência cidadã, pressuposto inquebrantável para o exercício efetivo de prerrogativas constitucionais e legais perante os Juizados Especiais Federais.
O programa Cidadania Rural Itinerante, além de minimizar as conseqüências resultantes do isolamento sócio-cultural-geográfico dos trabalhadores rurais, proporciona o seu efetivo acesso à jurisdição, principalmente a partir de uma aproximação comunicativa e cultural entre o Poder Judiciário e as pessoas simples do campo. A humanização e a adequação da linguagem jurídica constitui o principal instrumento utilizado pelo programa no afã de conferir efetividade ao acesso dos rurícolas à jurisdição.
A região de Uberaba/MG congrega um tradicional pólo agropecuário do país, onde milhares de famílias são sustentadas em decorrência do trabalho desenvolvido no campo. São pessoas simples e sofridas, contemplando homens e mulheres, jovens e idosos, com nível econômico, educacional e cultural aquém dos padrões socialmente aceitáveis. As populações rurais, por estarem afastadas dos centros urbanos, muitas vezes desconhecem, por completo, os instrumentos constitucionais postos à sua disposição para o exercício da cidadania, como os Juizados Especiais Federais.
Infelizmente, tais circunstâncias excluem grande parte da população rural do acesso à jurisdição e, em outros casos, favorecem o surgimento de intermediários que não se revestem da qualidade de advogados e nem da condição de legítimos representantes, são os denominados agenciadores, que arrebanham milhares de causas dos rurícolas.
O agenciamento de causas perante os Juizados Especiais Federais afigura-se uma questão extremamente preocupante e, por isso, foi debatida no contexto do I Encontro Nacional dos Juizados Especiais Estaduais e Federais, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em novembro de 2005.
Dessa forma, constata-se que a Prática é um meio alternativo para resolução de conflitos e também democratiza o acesso à Justiça.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare.
Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 31 de outubro de 2008.

segunda-feira, 22 de junho de 2009

"Registro Civil - Maternidade Cidadã"


V Prêmio Innovare 2008. JUSTIÇA PARA TODOS. Democratização do Acesso à Justiça. Meios Alternativos para Resolução de Conflitos.
"Registro Civil - Maternidade Cidadã"


Stanley Martins Frasão*

A Defensoria Pública de Minas Gerais e a Maternidade do Hospital Universitário da Unimontes, em Montes Claros/MG, concorreram ao V Prêmio Innovare na categoria Defensoria Pública.
A Dra. Maurina Mota (Defensora Pública) e a Dra. Arlenes Soares Silva (Coordenadora Administrativa da Maternidade) receberam meu correspondente, Dr. Bruno Borges, a quem agradeço, para detalharem a prática apresentada, que busca efetivar o registro de toda criança que venha a nascer no Hospital Universitário - HU, evitando, assim, o ajuizamento de uma futura demanda para realizar o registro de nascimento extemporâneo.
A prática teve início em uma reunião entre a Dra. Maurina Mota, o médico Chefe da Maternidade, o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos, a Promotora de Justiça e Juíza da Vara da infância e Juventude e o Oficial do Cartório de Registro Civil. Foi elaborado um projeto discriminando as obrigações de cada um dos presentes. E em seguida, foi iniciada a prática. Isto é, a criança já saia da maternidade com o registro de nascimento. Não dependendo mais de a mãe comparecer a um Cartório de registro civil para proceder ao assento. Afinal, muitas mães deixavam transcorrer o prazo para comparecer ao Cartório de Registro Civil para lavrar o nascimento do filho, o que depois, somente era possível com uma autorização judicial. Com tal prática foi reduzido o número de ações judiciais para tal fim, e conseqüentemente as crianças foram incluídas nos programas sociais.
Relataram as dificuldades, como por exemplo a ausência de documentação necessária para o registro, que às vezes as mães não levam para maternidade, sendo que muitas residem na área rural. E quando o Oficial, eventualmente, não pode se deslocar do Cartório, toda a documentação das crianças é conduzida pelo Hospital , através de uma assistente social e da Defensora Pública, até a sede do mesmo, onde são lavrados os registros. Buscam e esperam que no futuro seja instalado um terminal do Cartório dentro do Hospital.
Registraram que o sucesso da prática reside na boa vontade de todos. Especialmente, a desburocratização do Oficial do Cartório para se deslocar até a maternidade diariamente.
A prática é um meio alternativo para resolução de conflitos e democratiza o acesso à Justiça, na medida em que, diretamente, evita a distribuição de novos processos ao Poder Judiciário, porque realiza o registro da criança no momento certo, evitando desta feita o acionamento da justiça para obter autorização para tal; indiretamente, proporciona a concessão de benefícios previdenciários e participação em programas sociais do Governo.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare.


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 30 de outubro de 2008.

"Justiça democrática = acesso para todos"


V Prêmio Innovare 2008. Justiça para todos. Democratização do Acesso à Justiça. Meios Alternativos para Resolução de Conflitos



"Justiça democrática = acesso para todos"




Stanley Martins Frasão*


As advogadas Ana Paula Crosara de Resende e Patrícia Garcia Coelho Catani, residentes em Uberlândia/MG, que estão concorreram ao Prêmio Innovare 2008, na categoria Advocacia, apresentaram a prática "Justiça democrática = acesso para todos."
Trata-se de um Pedido de Providências perante o Conselho Nacional de Justiça - CNJ (PP nº 1236 - clique aqui) para que seja reconhecida a validade do ordenamento jurídico brasileiro, expedindo-se ato para que cesse imediatamente a discriminação baseada na deficiência e que a acessibilidade seja feita acabando com a prática de ignorar as normas técnicas e legais que asseguram a existência de acessibilidade como requisito indispensável para o exercício de direitos humanos por pessoas com deficiência.
O Pedido de Providências que foi protocolizado em 4 de dezembro de 2006, vem gerando desde de 10 de abril de 2007, data da apreciação em plenário, ofícios aos Tribunais brasileiros para cumprirem a recomendação do CNJ, nos seguintes termos:
"...determinar aos Tribunais de todo o país que, no prazo de cento e vinte dias, promovam o estudo da situação atual de suas dependências – em toda a extensão (Tribunais, fóruns, juizados especiais e etc.), no que tange a acessibilidade para os idosos e portadores de necessidades especiais, e medidas necessárias a solução dos problemas constatados, a exemplo de construção de rampas de acesso, adequação de sanitários, instalação de elevadores, reserva de vagas em estacionamento, adaptação do mobiliário, assim como obras outras imprescindíveis ao acesso e locomoção dos idosos e portadores de necessidades especiais e, que, findo esse prazo, viabilizem junto ao poder publico ou na forma legal que entenderem, as iniciativas orçamentárias próprias para a solução dos problemas diagnosticados, com a conseqüente comunicação ao CNJ, das conclusões e medidas adotadas." E a de "determinar aos Tribunais que observassem as Leis que regem a matéria, de forma prioritária, nas reformas de imóveis pré-existentes; na escolha de imóveis para locação ou aquisição e na construção de novas unidades, tanto nas capitais quanto no interior do Estado."
As advogadas indicam as dificuldades encontradas, considerando ser o Brasil um país continental e em razão da sua extensão territorial a fiscalização será mais difícil, o tema ainda é encoberto pelo manto da invisibilidade social, porque muitos tendem a achar que a existência de rampas mesmo fora dos padrões técnicos assegura a acessibilidade e isso não é verdade. Outra dificuldade apontada é a atual mentalidade coletiva brasileira que acha que o problema é a presença da pessoa com deficiência e não a porta ou escada estreitas, a ausência de meios de comunicação alternativos (braile ou libras), dentre outros. Acreditam que um dos maiores empecilhos será a dotação orçamentária para implementar os requisitos de acessibilidade, porque em muitos dos atuais imóveis que abrigam o Poder Judiciário poderá ficar mais dispendiosa a reforma para adaptação do que a substituição do prédio. E também não são facilmente encontrados imóveis já adequados para aquisição ou locação.
Mas estão certas do sucesso da prática, na medida em que ocorrerá a "nacionalização do problema e da busca de soluções eficazes; a visibilidade da deficiência do Poder Judiciário para que resolva definitivamente a ausência de acessibilidade e seja de fato para todos; a proibição, com fiscalização, de instalação de outros locais de prestação de serviços jurisdicionais sem os dispositivos de acessibilidade para todos; o fortalecimento da democracia com a inclusão de 14,5% da população que atualmente está excluída da possibilidade de usufruir os direitos humanos, notadamente a igualdade perante a lei, a liberdade de ir e vir, a dignidade da pessoa humana, o acesso à Justiça, o direito ao trabalho".
Assim, a prática é um meio alternativo para resolução de conflitos, democratizando o acesso à Justiça, considerando que inúmeras ações civis públicas ou ações populares deixarão de ser propostas, porque dos Tribunais que responderam os ofícios até 10 de abril de 2008, 89%, informaram ao CNJ que estão tomando providências para a solução da "deficiência" ambiental do Judiciário e 11% que já solucionaram a questão da acessibilidade. Por outro lado, ao impedir que novas barreiras sejam criadas, posto que foi recomendado que outros prédios não sejam sequer locados sem a garantia de acessibilidade, democratiza o acesso à Justiça para a população excluída.
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*Consultor externo do Prêmio Innovare.
Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 29 de outubro de 2008.

domingo, 21 de junho de 2009

"Projeto Fé, Força e Esperança",


IV Prêmio Innovare 2007, A Justiça do Século XXI


"Projeto Fé, Força e Esperança"


Stanley Martins Frasão*


A Juíza de Direito, Ivanete Jota de Almeida, que concorreu ao Prêmio Innovare na categoria Juiz Individual, apresentou a Prática "Projeto Fé, Força e Esperança", que é desenvolvida desde agosto de 2004, na cidade de Santos Dumont, MG.
Trata-se de Projeto para dar orientação, informação e acompanhamento aos beneficiados pela transação penal no sentido de que os mesmos se livrem da dependência química.
A visita foi realizada no dia 31.8.07, às 14 horas. Após conversar com a autora da Prática, fui assistir uma reunião entre 9 dependentes químicos com os representantes de ONG`s, Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos, assistente social, psicóloga, defensor público e a juíza. Os representantes das ONG`s fizeram pequenas palestras e um dvd sobre a Narcóticos Anônimos foi visto por todos. Os dependentes, alguns, se pronunciaram. Houve, também, a fala de um ex-dependente que transmitiu força e esperança aos dependentes.
O que deu ensejo à criação da prática foi a intenção e a ação de se procurar uma alternativa humana para os dependentes químicos, restituindo-se a Fé, a Força e a Esperança aos mesmos.
A implementação da prática ocorreu a partir dos réus envolvidos em processos de menor potencial ofensivo, praticados em razão do vício do álcool ou de substância entorpecentes. Se aceita a transação penal são encaminhados ao Serviço Social a fim de participarem de grupos de ajuda, reflexão, com olhos na aludida Prática.
Considerando que os dependentes químicos enxergaram chances de se reintegrarem ao meio social, com expectativa de vida e boa auto-estima, fatos que evitam o envolvimento dos mesmos em novos processos, reduzindo a reincidência, emergiu a pacificação da sociedade e de aumento da segurança pública.
Quais as dificuldades encontradas? O envolvimento da sociedade e dos familiares dos dependentes químicos.
Quais os fatores de sucesso da prática? A aceitação dos dependentes químicos e a adesão da assistente social ao Projeto.
O Centro de Atenção Psicossocial, NA - Narcóticos Anônimos, AA - Alcoólicos Anônimos e outros profissionais autônomos são parcerias importantes e necessárias para o sucesso da Prática.
Aproveito a oportunidade para agradecer à Maria Eduarda Guimarães de Carvalho Pereira Vorcaro, estagiária de direito, que participou de algumas visitas.

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*Consultor externo do Prêmio Innovare.


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 10 de janeiro de 2008.

"Infância e Juventude: a semente para um mundo melhor"


IV Prêmio Innovare 2007, a justiça do século XXI


"Infância e Juventude: a semente para um mundo melhor"


Stanley Martins Frasão*


Os Promotores Públicos Carla Maria Alessi Lafetá de Carvalho e Lucas Rolla, que concorreram ao Prêmio Innovare na categoria Ministério Público, apresentaram a prática "Infância e Juventude: a semente para um mundo melhor", que é desenvolvida desde junho de 2005, em Belo Horizonte, MG.
Trata-se de Projeto que visa orientar e combater a indisciplina e a violência nas 423 escolas públicas de Belo Horizonte, buscando informar a professores e equipe pedagógica os preceitos do ECA – Estatuto de Criança e do Adolescente.
A primeira visita ocorreu na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte no dia 3.8.07, às 15 horas, onde tomei conhecimento do Projeto e dados do mesmo. Perguntei sobre a data da próxima Palestra e imediatamente a indicada foi a E. E. Júlia Lopes de Almeida, no dia 7.8.07, às 16 horas. Compareci à aludida escola no dia e hora indicados e presenciei a Palestra, que teve a participação do corpo docente da mesma. O cronograma estabelecido para a execução da Prática está rigorosamente em dia.
O que deu ensejo à criação da Prática foi a ausência de contato preventivo entre a Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte e as escolas. Qual problema precisava ser corrigido? Dar conhecimento de forma eficiente do ECA aos educadores públicos de Belo Horizonte, visando inclusive orientá-los sobre as diferenças existentes entre ato infracional e indisciplina.
A implementação da prática: Conhecimento do grande número de relatórios enviados pelas Escolas, constando atos de indisciplinas e infracionais cometidos por crianças e adolescentes, ficando evidente a não diferenciação dos atos pelos educadores e as funções da Escola, do Conselho Tutelar e Ministério Público, gerando práticas daqueles contra o ECA. Os Promotores convocaram os diretores das escolas para comparecerem à Promotoria de Justiça, onde foram orientados a respeito dos procedimentos a serem adotados em casos de indisciplina e atos infracionais dos alunos cometidos na escola. As dúvidas quanto à aplicação do ECA e as perguntas foram catalogadas e utilizadas na elaboração da Cartilha Infância e Juventude: a semente para um mundo melhor. Na seqüência um dos autores da prática, acompanhado de um técnico de pedagogia da Promotoria e um Conselheiro Tutelar, realiza uma palestra para professores e equipe pedagógica nas escolas públicas de Belo Horizonte, conforme cronograma estabelecido.
Foram identificadas dificuldades: Apoio financeiro para impressão de mais 15.000 cartilhas necessárias para cumprir a meta de distribuição nas 423 escolas públicas de Belo Horizonte. Desconstruir a falsa idéia de que o ECA transmite uma imagem de impunidade no que tange atos infracionais e de indisciplina praticados por crianças e adolescentes. Algumas escolas em aceitarem os preceitos legais, agindo em desacordo com o ECA.
Quais os fatores de sucesso da prática? Aproximação do Ministério Público com as escolas, possibilitando um diálogo com os educadores. A distribuição de material de apoio para consulta e orientação dos educadores. Disseminação do ECA para a comunidade escolar, norteando as ações da escola, principalmente no tocante às medidas de suspensão e expulsão de alunos. Ter contribuído para a melhoria da qualidade das relações no ambiente escolar.
A prática é considerada pacificadora para sociedade. A elaboração de uma Cartilha visou atender as necessidades dos educadores, que de forma didática e explicativa define as diferenças existentes entre ato infracional e indisciplina, orientando-os sobre a forma de agir e quanto aos limites da intervenção no ambiente escolar, evitando decisões contra os direitos das crianças e adolescente e instauração de processos, contribuindo para o conhecimento da realidade social e local.
À medida que há a divulgação e entendimento pelos educadores dos direitos e deveres das crianças e adolescentes, evitando-se conflitos diretos e indiretos com os mesmos e respectivos pais, a prática se transforma em instrumento de pacificação da sociedade e de aumento da segurança pública.
O encaminhamento correto em casos de cometimento de ato infracional e conseqüente responsabilização do adolescente, contribuindo para a diminuição da sensação de impunidade, demonstrando que os adolescentes podem receber medidas sócio-educativas disseminando a idéia de que crianças e adolescentes possuem direitos e deveres e a atuação dos Promotores de forma preventiva, são benefícios específicos para segurança pública.
As parcerias com 9 Conselhos Tutelares de Belo Horizonte para participação nas visitas às escolas, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CEMIG, Secretaria Estadual de Educação para obtenção de recursos para impressão de cartilhas; 9 Gerências Regionais de Educação e os Fóruns Regionais da Criança e do Adolescente que atuaram como facilitadores nos contatos com as diretoras das escolas dão o fechamento necessário ao projeto.

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*Consultor externo do Prêmio Innovare.


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 28 de dezembro de 2007.

quinta-feira, 18 de junho de 2009

"Projeto Vida Nova"


IV Prêmio Innovare 2007, a justiça do século XXI


"Projeto Vida Nova"

*Stanley Martins Frasão


O Juiz de Direito Sérgio Luiz Maia, que concorreu ao Prêmio Innovare na categoria Juiz Individual, apresentou a prática "Projeto Vida Nova", que é desenvolvida desde novembro de 1999, em Perdões, MG.
Trata-se de Projeto visando o encaminhamento moral, espiritual, familiar e profissional de adolescentes infratores ou não.
A visita ocorreu no dia 3.9.07, na cidade de Perdões. Após entrevistar o autor da prática, que se mostrou entusiasmado com o Projeto, com a certeza de que está, juntamente com os competentes voluntários e parceiros, no caminho certo, fui visitar a casa onde grande parte das atividades é desenvolvida. Ouvi dois adolescentes, que participaram do projeto e hoje são voluntários, Cristiano e John Lenon, tocarem violão e cantarem músicas de autoria do primeiro. Entrevistei também três senhoras voluntárias, uma delas esposa do juiz. O Juiz está preparando a transferência da direção do Projeto, porque acredita que está na hora do corte do "cordão umbilical". O juiz já elaborou um CD visando demonstrar como criar um Projeto Social, uma "franquia social", para que mais vidas sejam resgatadas. Deve ser registrada a produtividade do juiz, que tem média de 384\sentenças mês, concluindo-se que é possível ações sociais competentes sem prejudicar a performance profissional.
O que deu ensejo à criação da Prática foi um ato infracional praticado por um adolescente contra uma criança na Comarca. Qual problema precisava ser corrigido? Mostrar aos adolescentes a existência de oportunidades para o crescimento pessoal e profissional, distanciando-os dos atos infracionais.
A implementação da prática nasceu quando o juiz determinou a internação de um adolescente em razão da prática de um ato infracional equiparado ao crime do art. nº. 214 do CP (clique aqui). Ao visitar a casa do menor para conhecer a realidade do mesmo, como, onde vivia e em que condições, constatou a presença de 11 pessoas dormindo em um cômodo, todos no chão, sob os efeitos do álcool, em total estado de miserabilidade.
Certamente a prática é instrumento de pacificação da sociedade e de aumento da segurança, porque retira os adolescentes das ruas, dando-lhes ocupações saudáveis, de forma a reduzir o tempo de ócio e desvio para o mau caminho, aumentando a auto-estima dos mesmos, gerando a melhoria da convivência familiar, social e escolar.
Foram identificadas dificuldades: - Espaço para reuniões, solucionado com o aluguel de uma casa com recursos do juiz. - Gerenciamento do Projeto, equacionado com a criação da ONG, Associação Projeto Vida Nova, uma evolução do projeto, e atuação do Conselho Tutelar.
Quais os fatores de sucesso da prática? Poder contribuir para resgatar adolescentes que estão no início de atos infracionais; e servir aos que ainda não praticaram qualquer ato infracional; mobilização da família dos adolescentes e da sociedade civil; o resgate e aumento da auto-estima dos adolescentes.
A retirada de 160 adolescentes das ruas, a redução drástica da prática de atos infracionais, a mobilização e modificação da família através do adolescente e da sociedade civil e a redução dos processos de representação, de 156 em 1999 para 15 em 2007, são benefícios específicos e comprovados para segurança pública.
As parcerias com as Academias de Ginástica, Escolas de Computação e a Universidade Pres. Antônio Carlos são de grande importância para o projeto.

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*Consultor externo do Prêmio Innovare.


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 27 de dezembro de 2007.

"Projeto Leitura"


IV Prêmio Innovare 2007, a justiça do século XXI


"Projeto Leitura"


Stanley Martins Frasão*


A Juíza de Direito Célia Ribeiro de Vasconcelos, que concorreu ao Prêmio Innovare na categoria Juiz Individual, apresentou a Prática "Projeto Leitura", que é desenvolvida desde novembro de 2005, em João Monlevade, MG.
Trata-se de Projeto visando a identificação da possibilidade do menor infrator em participar da Prática, com o conseqüente encaminhamento do mesmo ao Serviço Social Forense, onde é entrevistado por uma Assistente Social que faz a seleção de textos que contenham mensagens de respeito, importância da família e vida em sociedade. Há o retorno do adolescente, em data marcada, para discussão do texto.
A visita ocorreu em 28.8.07, às 10h, incluindo o acompanhamento de uma audiência de apresentação, onde foi relatado o desrespeito de um menor (15 anos) ao professor. Ele mudou de escola, está se comportando bem, aceitou a transação, com a anuência de seu representante legal e da advogada, para ser inserido no Projeto de Leitura, por 6 meses. Na seqüência acompanhei a entrevista do menor com a assistente social, que indicou o livro "Cresci e agora?", do Projeto Florescer, com a indicação de retornar com a síntese do livro no dia 14.9.07. A Defensoria Pública não atende na Vara, mas há a presença de advogada da Escola de Direito.
O que deu ensejo à criação da prática foi a inexistência de projetos voltados para o adolescente infrator na Comarca, criando-se um instrumento que fosse efetivo e executado como medida sócio-educativa.
A implementação da prática: Na audiência de apresentação a Juíza propõe a suspensão da pena condicionada à leitura de textos. O adolescente infrator, seu responsável legal e advogado devem anuir. O menor é encaminhado ao assistente social, que após entrevista apresenta os textos para leitura, designa dia e hora para retorno, visando a discussão dos textos escolhidos, podendo o adolescente comparecer antes se precisar de ajuda de interpretação, devendo datar e assinar cada uma das páginas lidas.
Na medida em que visa conscientizar o adolescente infrator sobre o respeito ao outro e mostrar-lhe o ato infracional praticado sob o enfoque da vítima e da sociedade e que procura integrar o adolescente e levá-lo a refletir sobre o respeito, reduzindo-se a reincidência, entende-se que há a pacificação da sociedade e de aumento da segurança.
Não foram identificadas dificuldades, tendo em vista que a Prática mencionada transformou-se em solução.
Quais os fatores de sucesso da prática ? Redução do acervo da infância e da juventude, com aplicação e cumprimento da transação efetivada. Raros são os casos de não cumprimento, hipótese de revogação da remissão. Pequeno índice de reincidência.
A redução da sensação de impunidade, porque a proposta, quando possível, é uma alternativa em Comarca que não há estrutura para a prestação de serviços à comunidade e poucos relatos de reincidência são benefícios específicos e evidentes para segurança pública.

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*Consultor externo do Prêmio Innovare.


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 26 de dezembro de 2007.

quarta-feira, 17 de junho de 2009

Projeto Jandira - De controle da infrequência e da evasão escolar e fomento do Primeiro Emprego"


IV Prêmio Innovare 2007, a justiça do século XXI


"Projeto Jandira - De controle da infrequência e da evasão escolar e fomento do Primeiro Emprego"


Stanley Martins Frasão*


A Promotora de Justiça Cláudia de Oliveira Ignez, que concorre ao Prêmio Innovare na categoria Ministério Público, apresentou a Prática "Projeto Jandira – De controle da infreqüência e da evasão escolar e fomento do Primeiro Emprego", que é desenvolvida desde novembro de 2004, em Itabirito, MG.
Trata-se de Projeto que visa a articulação e a viabilização do combate efetivo à evasão, à infreqüência e à indisciplina escolar, com o objetivo de garantir a conclusão do ensino fundamental de crianças e adolescentes.
A visita ocorreu no dia 21.8.07, às 10 horas, tendo início no auditório da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Itabirito, onde se realizou uma Audiência Pública para apresentação do Projeto Jandira, com a presença do Juiz de Direito, Promotores, Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Educação, líderes religiosos e comunitários, diretoras de Escolas Públicas, Polícia Militar, Membros do Conselho Tutelar, Empresários residentes na cidade, Presidente da OAB local, podendo ser afirmado que a sociedade de Itabirito aprovou e está unida na execução do projeto. Na seqüência segui para uma Academia de Tênis, local para o qual algumas crianças e adolescentes são encaminhados para a prática do esporte. Visitei, ainda, três escolas, conversando com as diretoras sobre a atuação do projeto nas Escolas Municipais Laura Queiroz, Ana Amélia Queiroz e José Ferreira Bastos.
O que deu ensejo à criação da prática foi controlar a infreqüência e a evasão escolar e fomentar o programa Primeiro Emprego. O problema da permanência de crianças e adolescentes na rua em período que deveriam estar nas salas de aula foi solucionado.Quatro foram as fases de implementação da prática:
1ª Preparatória/Conscientização;
2ª Formação de Termo de Compromisso dos Envolvidos no Projeto; 3ª Execução/Implementação do Projeto; e, 4ª Avaliação/Complementação.
Considerando que após a implementação do Projeto Jandira houve a significativa redução dos índices de cometimento de atos infracionais e de indisciplina, com a conseqüente redução do número de adolescentes em conflito com a lei, inclusive com a aprovação e adesão da sociedade civil de Itabirito, a pacificação da sociedade e de aumento da segurança pública é voz única na população local.
A dificuldade de conscientizar os pais e responsáveis legais quanto ao dever de prestar a necessária assistência educacional aos menores sob a sua responsabilidade, ultrapassar a cultura da população no que tange a evolução das funções da Promotoria de Justiça, que está muito além de ser exclusivamente um órgão repressor, foram as dificuldades encontradas, esclarecendo-se que todas já foram superadas.
Quais os fatores de sucesso da prática? O Juiz de Direito, Promotores, Prefeito Municipal, Secretária Municipal de Educação, líderes religiosos e comunitários, Diretoras de Escolas Públicas, Polícia Militar, Membros do Conselho Tutelar, Empresários residentes na cidade de Itabirito convergiram no sentido de dar efetividade e eficácia ao projeto; controle semestral da freqüência e evasão escolar, investigação de atos de indisciplina no ambiente escolar.
A elaboração de uma Cartilha do Projeto Jandira, de excelente qualidade técnica, foi viabilizada através de recursos do FIA - Fundo para a Infância e Adolescência, com o apoio da MBR/CVRD, e a absorção do projeto por parte da comunidade de Itabirito, demonstram que a prática agora tem muitos pais e mães. Estas são parcerias de primeiro calibre e que desaguaram no sucesso da prática.

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*Consultor externo do Prêmio Innovare.


Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 21 de dezembro de 2007.