sexta-feira, 18 de dezembro de 2009

Bienes Aprehendidos

Bienes Aprehendidos

Stanley Martins Frasão*
Fernanda Campolina Veloso**

El Proyecto de Ley 1377/07, se convirtió en Ley, que entrará en curso en la fecha de su publicación, y añadirá dispositivos al art. 10 de la Ley nº 8.429, de 2 de junio de 1992 - Ley de la Improbidad Administrativa, en lo que se refiere a la guarda y conservación de bienes aprehendidos por la Administración Pública, citados a seguir:
XVI – Permitir, facilitar o concurrir para la depredación o degradación de cualesquier bienes aprehendidos por la administración.
§ 1º En el acto de la aprehensión de los bienes de que trata el inciso XVI, deberá ser elaborado, por la autoridad que los aprehendió, laudo de visto que describa las características y condiciones de conservación de los bienes y de sus partes integrantes y accesorias, cuando haya, siendo que se tiene que entregar una copia al propietario, o a su representante legal, contra recibo.
§ 2º En caso de que la autoridad que hizo la aprehensión no elabore el laudo de visto en los términos del § 1º, estará asumiendo, tácitamente, responsabilidad por los bienes aprehendidos, considerados estos y sus partes en perfecto estado de conservación.
§ 3º El propietario, o su representante legal, tendrá el plazo de 72 (setenta y dos) horas para replicar el laudo de que trata el § 1º y, al no hacerlo, será considerado que ha aceptado enteramente su contenido.
§ 4º Cuando sea dado destino a los bienes aprehendidos, en los términos de la legislación específica, en cada caso, serán estos nuevamente visados para confrontar si su estado de conservación coincide con aquel descrito en el laudo elaborado en el momento de la aprehensión, respondiendo la autoridad competente por la depredación o degradación que acaso exista, en los términos de este artículo.”
De acuerdo con el párrafo 4º, del art. 37, de la Constitución Federal, “los actos de improbidad administrativa llevarán a la suspensión de los derechos políticos, la pérdida de la función pública, la indisponibilidad de los bienes y al resarcimiento al erario, en la forma y gradación previstas en ley, sin perjuicio de ninguna acción penal”.
Partiendo de esa premisa, se promulgó la Ley Federal nº 8.429, conocida como Ley de la Improbidad Administrativa, en el intento de combatir la corrupción en el país y punir aquellos que causan perjuicio a los bienes públicos.
Delante de eso, con la extrema necesidad de una protección al patrimonio público, el legislador promulgó una norma de carácter amplio, sin una clara definición del concepto de improbidad administrativa, que sólo es encontrado en la doctrina y jurisprudencia, dando al tema conceptos diversificados, muchas veces contradictorios. Empero, la aplicación de la norma ha sido hecha de una forma indiscriminada, a causa de su carácter accesible.
Por el carácter amplio de la ley, el Diputado Silvinho Peccioli, que citó en su justificativa algunas leyes brasileñas que disciplinan la aprehensión de bienes por la administración (Código de Proceso Penal, Código Forestal, Código de Tránsito Brasileño, de la Ley nº 6.368, de 1976, que dispone sobre la prevención y represión a tráfico y uso indebido de drogas, de la Ley nº 6.575, de 1978, que dispone sobre el depósito y venta de vehículos removidos, aprehendidos y retenidos en todo el territorio nacional, de la Ley nº 9.613, de 1998, que dispone sobre los crímenes de "limpieza de dinero" u ocultación de bienes, derechos y valores, y de la Ley nº 11.101, de 2005, que regla la recuperación judicial y extrajudicial y la insolvencia del empresario y de la sociedad empresaria), entendiendo por bien, presentar el nombrado PL, incluyéndolos explícitamente en la Ley de Improbidad Administrativa, entre los actos de improbidad administrativa que causan perjuicio al erario, por acción u omisión, culposa dolosa, del administrador responsable por la guarda y conservación de los bienes aprehendidos que permita, facilite o concurra para su depredación o degradación.
Se percibe que el objetivo del Proyecto es resguardar los intereses tanto del propietario de los bienes como del Erario Público. Con frecuencia la administración pública tiene perjuicios considerables a causa de la depredación de los bienes aprehendidos, que pierden su valor y muchas veces no se consigue, con ellos, cubrir los gastos del proceso de aprehensión. El PL, que será analizado por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía (CCJ), viene de encuentro a los principios de la moralidad pública, incluso porque se sabe que el Erario Público muchas veces es llamado a resarcir daños causados por funcionarios públicos a bienes que estuvieron bajo su guarda.
Defiende asimismo que la aplicación del PL protegerá también el bien que el Estado tiene la expectativa de que sea incorporado a su patrimonio, en razón del procedimiento judicial que haya dado origen a la aprehensión del mismo. Podrá ocurrir el fin de la depredación, degradación y el propio desperfecto de los bienes aprehendidos, cumpliéndose, así, la necesaria protección estatal de los bienes que estén bajo la guarda del Erario Público.
La pretendida reforma del artículo nombrado establece que en el acto de la aprehensión de los bienes, deberá ser elaborado, por la autoridad que hizo la aprehensión, un laudo de visto que describa las características y condiciones de conservación de los bienes y de sus partes integrantes y accesorias, siendo que se debe entregar una copia al propietario, o a su representante, mediante recibo. La autoridad que no elabore el laudo estará asumiendo, tácitamente, la responsabilidad por los bienes aprehendidos. El propietario tendrá un plazo de 72 horas para refutar el laudo. Por fin, cuando sea dado un destino a los bienes aprehendidos, ellos deberán ser nuevamente inspeccionados, para confrontar su estado de conservación con el ya descrito en el laudo de aprehensión, respondiendo la autoridad competente por la depredación que exista.
Los bienes entregados a la Administración Pública para libre utilización generan, incluso, perjuicios de carácter irreversible, además del propio desgaste que es inherente a la desvaloración de los bienes.
Véase, por ejemplo, cuando vehículos son aprehendidos. Estos, a veces, son objeto de utilización de forma irregular por funcionarios públicos que cometen infracciones de tránsito en las más variadas categorías existentes, tales como aparcar en locales prohibidos, exceso de velocidad, falta de uso de cinturón de seguridad, entre otras, y por supuesto, la penalidad de inclusión de puntos en el permiso de conducir y multas son debitados al propietario. El PL objetiva, incluso, evitar que se hagan procedimientos judiciales contra la Unión y Estados, responsables directos por la guarda de bienes aprehendidos.
Finalizando, se puede concluir que el PL, si convertido en Ley, será considerado un éxito y un gran avanzo principalmente a favor del Estado, minimizando irregularidades y perjuicios a las finazas públicas.
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*Abogado, master en Derecho Empresarial y socio del Estudio Homero Costa Advogados.
**En práctica profesional del Estudio Homero Costa Advogados.

Seized Goods


Seized Goods


Stanley Martins Frasão*
Fernanda Campolina Veloso**


Pedro Monteiro***


The Bill number 1377/07, if passed, will become effective on the date of its publication, and will add provisions to the article 10 of the Law number 8,429 of June 2nd, 1992 – the Administrative Misconduct Law, regarding the safeguard and upkeep of seized good by the Public Administration, cited below:
XVI – allow, facilitate or concur to the depredation or degradation of any goods seized by the administration.
§ 1st In the act of seizure of the section XVI, the seizing authority shall elaborate an report that describes the characteristics and conditions of conservation of goods and its integral parts and accessories, when applicable, and a copy of which must be handed to the owner or the owner’s legal representative, as a receipt.
§ 2nd In case the seizing authority does not elaborate an report in the terms of § 1st , it will tacitly take up the responsibility for the seized goods, considering these and their parts in perfect condition.
§ 3rd The owner or the owner’s legal representative will have 72 hours to dispute the report described in § 1st , and failure to do so will constitute integral acceptance of the report.
§ 4th When destination is provided for the seized goods, in the terms of the specific legislation, in each case the goods will be checked again so that a comparison of its present state and the state described in the report at the moment of seizure, and the competent authority will be held responsible for the depredation or degradation accrued, in the terms of this article.”
According to paragraph 4th of the article 37 of the Federal Constitution, "the acts of administrative misconduct will bring the suspension of political rights, loss of public occupation, the unavailability of goods and the reimbursement to public treasury in the manner and degree provided by law, without prejudice to admissible criminal prosecution."
From this premise, the Law number 8,429 was enacted and is known as the Law of Administrative Conduct, in the attempt to fight corruption in the country and punish those who damage the public property.
Thus, with extreme necessity to protect public property, the legislator enacted a far-reaching norm, without a clear definition of the concept of administrative misconduct, which is found only in the jurisprudence and doctrine, lending the matter diverse concepts, many times contradictory. However, the application of the norm has been done in an indiscriminate manner, due to its accessible character.
In view of the ample nature of the law, Congressman Silvinho Peccioli, cited in his justification a few Brazilian laws that rule the seizure of goods by the administration (Penal Code, Forestry Code, Driving Code, the Law number 6,368 of 1976, which deal with the prevention and repression to traffic and inappropriate use of drugs, the Law number 6,575 of 1978, which deals with the storage and sale of vehicles towed, seized and retained throughout the country, the Law number 9,613 of 1998, which deals with crimes of money laundry or concealment of assets, rights and valuables; and the law 11,101 of 2005, which regulates the judicial and extrajudicial recovery and the bankruptcy of private enterprises), on the understanding that the above mentioned Bill should be presented, including the Law of Administrative Misconduct, among the acts of administrative misconduct that cause losses to the treasury due to action or omission, intentional or not, of administrator responsible for the safeguard and upkeep of seized goods who allows, facilitates or concurs for the depredation or degradation of seized goods.
We note that the objective of the Bill is to safeguard the interests of the owner of the goods as well as of the public treasury. Frequently the public administration accrues significant losses due to the depredation of seized goods, which lose their value and many times are not apt to cover the expenses of the process of seizure. The Bill, which is being analyzed by the Commission of Constitution and Justice and of Citizenship, is in the interest of the principles of public morality, and it is known that the public treasury many times has to compensate the damages caused by public servants to goods that were under their supervision.
He also defends that the Bill will protect the goods which the State expects to incorporate to its assets, due to the proceedings that originated the seizing of the goods. It will also put an end to the depredation, degradation and the trashing of seized goods, fulfilling the required protection of the goods secured by the public treasury.
The intended reform of the article cited above establishes that in the act of seizing the goods, the seizing authority has to produce a report that describes the characteristics and condition of the goods and their integral parts and accessories, a copy of which has to be handed to the owner or legal representative with a receipt. The authority that does not produce a report will be held responsible for the seized goods. The owner will have a 72 hour period to question the report. Finally, when the decision about what will happen to the goods is reached, the goods will be checked again and their state of preservation will be compared to the state reported at the time of seizure, and the competent authority will be held responsible for existing depredation.
The goods handed to the public administration for free use may generate losses of an irreversible nature, and the inherent wear and tear of the goods. When motor vehicles are seized, for example, they are sometimes object to use in an irregular manner by public workers who commit traffic violations of all sorts, such as parking violations, speeding, failure to use a seat belt, among others. And, of course, the fines and other penalties are charged to the owner. The Bill aims to avoid the filing of lawsuits against the State, which is responsible for the safeguard of the seized goods.
Finally the Bill, if converted into law, will be considered an advance mainly for the State, since it will minimize irregularities and losses to public coffers.
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*Stanley Martins Frasão is attorney at "Homero Costa Advogados"
**Fernanda Campolina Veloso is a paralegal at "Homero Costa Advogados"
***Pedro Monteiro is a translator