quinta-feira, 30 de abril de 2009

Façam suas apostas!


Façam suas apostas!

Rio de Janeiro, 30 de abril de 1946, 125º da Independência e 58º da República Federativa do Brasil, sob a presidência do militar Eurico G. Dutra. Esta é a data do suposto moralizador Decreto-lei 9.215 (clique aqui), que entrou em vigor na data de sua publicação, há 63 anos, sem conceder qualquer tempo para se equacionar os problemas que foram gerados com o fechamento abrupto dos cassinos, o que resulta até hoje em transferência de recursos financeiros para o exterior sem pagamento de imposto, sem geração de um único emprego em nossas terras.
O DL proibiu a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território brasileiro, tendo por base alguns considerandos: que a repressão aos mesmos é um imperativo da consciência universal (jogos são permitidos em vários países, inclusive nos mais desenvolvidos e ricos); que a legislação penal de todos os povos cultos contém preceitos tendentes a esse fim (matéria ultrapassada); que a tradição moral jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à exploração e jogos de azar (essa dá vontade de rir, afinal, diariamente, brasileiros de todas as classes sociais compram vários tipos de loterias do Governo); que, das exceções abertas à lei geral, decorreram abusos nocivos à moral e aos bons costumes (a reversão seria alcançada com uma fiscalização eficiente); que as licenças e concessões para a prática e exploração de jogos de azar na Capital Federal e nas estâncias hidroterápicas, balneárias ou climáticas foram dadas a título precário, podendo ser cassadas a qualquer momento.
Reza a lenda que dona Santinha, D. Carmela, esposa do presidente Dutra, religiosa e contrária ao funcionamento dos cassinos, e o então ministro da Justiça, Carlos Luz, sob a bandeira e em defesa da TFM - Tradicional Família Mineira, foram as pessoas que influenciaram o Presidente. E assim, cassinos foram fechados, milhares de pessoas perderam seus empregos, isso sem falar nos indiretos, investidores ficaram à deriva, muitas das cidades que tinham por sede tais estabelecimentos entraram em decadência, e até hoje é sabido que brasileiros, turistas e nativos continuam jogando na Argentina, Paraguai, USA, Europa e mesmo em navios que cortam as águas internacionais, que transportam brasileiros que embarcam em nossos portos.
Sabemos que depois disso, o jogo no Brasil passou a ser controlado exclusivamente pelos Governos Federal e Estaduais, que arrecadam valores diários com os altos impostos incidentes sobre as apostas feitas por todo o país.
Vários projetos de lei já tramitaram e tramitam no Congresso Nacional e quem sabe seja a hora de se promulgar uma Lei visando dar oportunidade de subsidiar um crescimento nacional, de recebermos novos investimentos nacionais e internacionais, com a permissão de reabertura de Cassinos, mediante destinação de um percentual em projetos sociais vinculados ao FIA – Fundo da Infância e do Adolescente, por exemplo, gerando milhares de empregos diretos e indiretos, arrecadação de milhões de impostos, redução de jogos clandestinos e da criminalidade gerada por estes? Vem ai as Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014) e o turismo é o grande vetor da economia mundial.
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Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 30 de abril de 2009.
Fonte: http://www.migalhas.com.br/mostra_noticia_articuladas.aspx?cod=83609

terça-feira, 28 de abril de 2009

Hagan sus apuestas!

Hagan sus apuestas!
Stanley Martins Frasão*
Río de Janeiro, 30 de abril de 1946, 125º año de la Independencia y 58º de la República Federativa de Brasil, bajo la presidencia de EURICO G. DUTRA. Ésta es la fecha del DECRETO-LEY Nº 9.215, que pasó a vigorar en día de su publicación, sin cualquier tiempo para que se solucionasen los problemas que generó. El DL prohibió la práctica o explotación de juegos de azar en todo el territorio nacional, teniendo por base algunas consideraciones: que la represión a los mismos es un imperativo de la conciencia universal; que la legislación penal de todos los pueblos cultos contiene preceptos tendientes a ese fin; que la tradición moral jurídica y religiosa del pueblo brasileño es contraria a la práctica y a la explotación y juegos de azar; que, de las excepciones abiertas a la ley general, se originaron abusos nocivos a la moral y a las buenas costumbres; que las licencias y concesiones para la práctica y explotación de juegos de azar en la Capital Federal y en las estancias hidroterápicas, balnearias o climáticas fueron dadas a título precario, pudiendo ser cortadas a cualquier momento.
Hay una leyenda que doña Santinha, doña Carmela, esposa del presidente Dutra, religiosa y contraria al funcionamiento de los casinos, y el entonces ministro de la Justicia, Carlos Luz, bajo la bandera y defensa de la TFM- Tradicional Família Mineira, han sido las personas que influenciaron el Presidente.
Y así, Casinos fueron cerrados, millares de personas perdieron sus empleos directos, (eso sin hablar en los indirectos), inversores se quedaron sin nada, muchas ciudades que tenían esos establecimientos entraron en decadencia, y hasta hoy, se sabe que personas continúan jugando en la Argentina, Paraguay, en los EEUU, y en muchos países de Europa y hasta en barcos en aguas internacionales que transportan brasileños que embarcaron en nuestros puertos.
Sabemos que después de todo eso, el juego en Brasil pasó a ser controlado exclusivamente por el Gobierno Federal y los Estaduales, que recaudan elevados valores diariamente, con altos impuestos de apostas hechas en todo el país.
Varios proyectos de ley ya tramitaron y tramitan en el Congreso Nacional y quizás estemos delante de una nueva oportunidad de que alcancemos un gran crecimiento nacional, con la permisión de apertura de Casinos, creación de miles de empleos, recaudación de impuestos, reducción de juegos clandestinos y de la criminalidad generada por estos.
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* Abogado socio de la firma Homero Costa Advogados

sexta-feira, 24 de abril de 2009

Direito Em Debate

Hoje, dia 24/04/2009, participei do Programa Direito Em Debate, sob o comando do professor Gladston Mamede . Conversamos sobre Sociedades de Advogados.
O Programa é transmitido pela TV Comunitária, Canal 6 da NET, estreando dia 28/04/2009, Terça-feira: às 10:30h; com reprises nos seguintes dias: Quarta-feira (29/04/2009): 9:30h e 15:30h; Sexta-feira (1/05/2009): 13:30h e 19:30h; Sábado (02/05/2009): 10:00h.

terça-feira, 14 de abril de 2009

El Plan Real y la crisis global

El Plan Real y la crisis global
Stanley Martins Frasão*
La Medida Provisoria 542, del 30 de Junio de 1994, ratificada posteriormente por varias otras fue convertida en la Ley 9.069/95, que dispuso sobre el Plan Real y, entre otras providencias, estableció reglas para la transición entre el Cruzeiro Real, la URV y el Real, especialmente en lo que concierne a la conversión de obligaciones.
Esta MP alteró la unidad monetaria de Brasil, obligó que todo el país cambiase la grafía para el Real en todas las expresiones pecuniarias que usasen la moneda nacional, fijó la paridad entre el Real y el Cruzeiro Real y la URV y el Real.
El Programa de Estabilización Económica o Plan Real es considerado, entre todos los otros lanzados en los últimos tiempos, el mejor en el combate a la inflación.
Lo cierto es que continuamos en la búsqueda de la estabilidad económica, pues la inflación brasileña, según fuentes del IBGE, medida por el IPCA (familias con renta mensual entre 1 y 40 salarios-mínimos), presenta la siguiente evolución, (esto sin los denominados congelamientos de precios):

1,990 (1,620.97), 1,995 (22.41), 2,000 (5.97), 2,005 (5.69) 1,991 (472.69), 1,996 (9.56), 2,001 (7.67), 2,006 (3.14) 1,992 (1,119.09), 1,997 (5.22), 2,002 (12.53), 2,007 (4.46) 1,993 (2,477.15), 1,998 (1.65), 2,003 (9.30), 2,008(until Nov.) (5.61) 1,994 (916.46), 1,999 (8.94), 2,004 (7.60)

La crisis global viene generando preocupaciones de toda clase y en todos, causando también la desvaloración de nuestra moneda frente al dólar. Y la moneda refleja la propia alma de su pueblo. Se puede ver eso en el ejemplo americano. La suma del curso forzado y la confianza pública en el gobierno emisor de la moneda es lo que permitió la transición de la moneda metal para el concepto nominalista, separada de su elemento metálico, cuando en 1971, por acto del Presidente Nixon, el dólar dejó de ser convertible en oro. Desde entonces aquella moneda pasó a valer, sólo, por la confianza que los ciudadanos americanos y de otros países depositaban en la economía de los Estados Unidos da América.
Delante del Plan Real la confianza del pueblo en la economía y en el Gobierno fue recuperada, siendo que el patrón monetario brasileño estaba, desde 1990, corporificado en el denominado “patrón-dólar”.
El Gobierno, con el Plan Real, pasó a conducir un instrumento capaz de ahuyentar de nuestra economía la inflación, mas no debe perder de vista la “Ley de Francomano”, porque quien gasta más de lo que gana y se endeuda más de lo que puede, pierde la independencia, el alma e hipoteca su futuro. Dejando el Estado de aplicar la sabia ley italiana, fomentará la inflación, permitiendo la corrosión de la moneda, perdiendo, consecuentemente, la confianza del pueblo, emergiendo así inseguridades de toda naturaleza.
El futuro, claro, es desconocido. Pero la eterna y resistible esperanza brasileña suaviza la inseguridad de que nunca más tendremos una desvaloración de la moneda como la del año de 1989, que atingió 1.765 %.
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*Abogado socio de la firma Homero Costa Advogados.

domingo, 12 de abril de 2009

Agua, pozos artesianos

Agua, pozos artesianos

Por Stanley Martins Frasão*

Sabemos que varios condomínios retiram agua de pozos artesianos, lo que alivia la cuenta condominial mensual de gastos corrientes. Proprietarios de inmuebles residenciales y comerciales también utilizan tal expediente.
En cada estado de la Federación hay legislación a respeto y ésta debe ser observada en caso de extracción de agua de acuífero subterráneo para consumo final o insumo de proceso productivo.
Cualquier descuido con el agua, esté ella sumerja o no, genera problemas en la salud pública, fauna y flora, pudiendo comprometer la propia disponibilidad del bien en cuestión. Se trata de ex-recurso natural abundante y que debe ser preservado para generaciones actuales y futuras. Eso es obligación de todos los sectores de la sociedad, incluso en lo que se refiere al desagüe de agua de suelos donde fueron utilizados fertilizantes y de descargas residuales sin o con tratamiento adecuado.
Vale alertar la actual polución de nuestros ríos. La eventual captación de agua, mismo que sea en las proximidades de uno de esos cursos, seguramente llegará contaminada. El tratamiento previo de estas aguas para que ellas estén adecuadas al consumo podrá ser necesario, y por eso su explotación debe ser responsable y tener un buen acompañamiento técnico y por profesionales capacitados.
El diputado Luiz Fernando Faria (PP-MG) presentó el Proyecto de Ley 3651/08, porque quería suprimir el art. 45 de la Ley nº 11.445, de 05 de enero de 2007, que "establece directrices nacionales" para el saneamiento básico; altera las Leyes nºs 6.766, de 19 de diciembre de 1979, 8.036, de 11 de mayo de 1990, 8.666, de 21 de junio de 1993, 8.987, de 13 de febrero de 1995; revoca la Ley nº 6.528, de 11 de mayo de 1978. En otras palabras, aprobado el PL, que actualmente tramita en carácter conclusivo en las comisiones de Desarrollo Urbano y de Constitución y Justicia y de Ciudadanía, los propietarios de residencias e inmuebles comerciales estarán desobligados de conectarse a las redes públicas de abastecimiento de agua y de agotamiento sanitario, generando, por consecuencia, la dispensa del pago de las tarifas públicas a causa de la conexión y del uso de esos servicios. Empero, registro que los consumidores que así procedan deberán asumir las respectivas responsabilidades de su acto, que podrá causar perjuicios a terceros, emergiendo, en la especie, el respectivo deber de indemnizar.
En el entendimiento del Diputado, abastecimientos de pésima calidad, discontinuados, ineficientes o que puedan colocar en riesgo la salud de los consumidores a causa del tratamiento inadecuado del agua, son razones más que suficientes para que se pregunte sobre la arbitrariedad del nombrado art. 45, especialmente para los Municipios que no prestan servicios de abastecimiento de agua de buena calidad.
Debemos estar atentos a las técnicas de reaprovechamiento de agua, principalmente en lo que se refiere a la reutilización para finalidades no potables, tales como lavar vehículos, calles, suelos, aceras, fachadas de edificios, descargas sanitarias, entre otros, porque eso contribuirá para el uso noble y necesario del recurso natural.
*Abogado socio de la firma Homero Costa Advogados.

Portadores de necessidades especiais e o Passe livre no transporte público em Belo Horizonte/MG


Portadores de necessidades especiais e o Passe livre no transporte público em Belo Horizonte/MG
Stanley Martins Frasão*
Thomaz Carneiro Drumond**
O passe livre constitui direito à gratuidade no transporte coletivo, seja público ou privado. É um benefício concedido a certas categorias de funcionários públicos que necessitam utilizar-se do transporte para a melhor consecução de suas atividades, como carteiros e oficiais de justiça, sendo tal gratuidade estendida, inclusive, aos portadores de necessidades especiais.
A lei orgânica do Município de Belo Horizonte (MG) dispõe sobre o transporte público coletivo municipal e assim dispõe acerca das garantias ao portador de qualquer deficiência:
"Art. 181 - O Município garantirá ao portador de deficiência, nos termos da lei:
I - a participação na formulação de políticas para o setor;
II - o direito à informação, à comunicação, à educação, ao transporte e à segurança, por meio, entre outros, da imprensa braile, da linguagem gestual, da sonorização de semáforo e da adequação dos meios de transporte;
III - programas de assistência integral para os excepcionais não-reabilitáveis;
IV - sistema especial de transporte para a freqüência às escolas e clínicas especializadas, quando impossibilitado de usar o sistema de transporte comum, bem como passe livre, extensivo, quando necessário, ao acompanhante."
O Município de Belo Horizonte garante ao portador de deficiência, qualquer que seja, o passe livre, sem qualquer condição ou restrição. A lei orgânica municipal de Belo Horizonte não estabeleceu requisito para a concessão do passe livre, devendo este benefício ser concedido a qualquer cidadão considerado deficiente. Nesse contexto, há anos o Município de Belo Horizonte vinha concedendo o passe livre aos cidadãos portadores de necessidades especiais.
Contudo, em 10 de Fevereiro de 2008, a BHTRANS, por meio da Portaria nº 025/2008, estabeleceu, dentre outros requisitos, que o deficiente, para fazer jus ao benefício do passe livre, deverá ser considerado carente, com renda per capta familiar não superior a 1 (um) salário mínimo. Até então, as portarias editadas pela BHTRANS não estampavam qualquer requisito financeiro para a concessão do passe livre aos deficientes.
O princípio da legalidade é norteador de toda a atuação do Estado, devendo este ser submisso à lei, não podendo atuar em sobreposição ou em contrariedade ao nela disposto.
As Instruções Normativas, assim como as Resoluções, Portarias, etc., são atos administrativos com função de regulamentar texto legal, esclarecendo questões técnicas ou precisando o sentido em que a lei deve ser interpretada. São instrumentos normativos secundários, que visam nortear a aplicação legal. Não podem, jamais, dispor contrariamente ou ir além do que diz a lei às quais são subordinadas, sob pena de violarem o aludido princípio da legalidade, segundo o qual "ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", art. 5º, inciso II, da Constituição Federal (clique aqui).
Nesse norte, não poderá o Poder Executivo municipal, nos termos do que atualmente está disposto no art. 181, da Lei Orgânica de Belo Horizonte/MG, criar novos requisitos não previstos em lei para a concessão do passe livre, por meio de ato secundário, a Portaria, em patente contrariedade à garantia da Lei Municipal.
Dessa forma, percebe-se que a Portaria da BHTRANS, como posta, fere de forma frontal a legislação municipal, não podendo prevalecer a necessidade de o portador de necessidade especial ter que comprovar ser carente, qualquer que seja a renda mínima imposta como requisito. A Portaria não pode criar condição que não decorre da lei, tampouco reduzir garantia por esta estabelecida, devendo ser garantido o transporte público gratuito a qualquer cidadão comprovadamente deficiente.
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*Advogado do escritório Homero Costa Advogados
**Estagiário do escritório Homero Costa Advogados

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Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 3 de setembro de 2008.
Fonte: http://www.migalhas.com.br/

terça-feira, 7 de abril de 2009

A Desconsideração da Personalidade Jurídica

Longo caminho, de algumas décadas, percorreu no direito brasileiro a chamada Doutrina da Desconsideração da Personalidade Jurídica (“Lifting the Corporate Veil” ou “Disregard Doctrine”), desde as proposições “de lege ferenda” dos pioneiros doutrinadores, para um instituto em elaboração, do pensamento da doutrina à construção pretoriana.
A final rendeu-se o legislador à força da opinio juris doctorum e às decisões iterativas dos tribunais, para erigir a “Disregard Doctrine” em instituto de lei escrita (“de lege lata”), conforme se observa no Código de Defesa do Consumidor (Artigo 28), e, agora, no Código Civil (Artigo 50).
Durante os noventa e dois anos de vigência do Código Civil de 1916 (até 2008) a regra do artigo 20 pairou no patamar de quase um dogma por sobre o direito societário brasileiro, qual ápice da pirâmide do direito empresarial: “As pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros”.
O professor OSMAR BRINA CORRÊA-LIMA (Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedade Anônima, 1989, p.140) sintetizou o dispositivo: “como corolário, tem-se que o patrimônio de uma sociedade não se confunde com os patrimônios dos sócios, que a compõem.”¹
Assim, como regra geral, vigorou a separação patrimonial da sociedade das pessoas de seus sócios.
Há tempos, os nossos Tribunais vêm aceitando a teoria construída pelo direito anglo-americano, conhecida como “doutrina da desconsideração da pessoa jurídica”, quebrando a norma do aludido dispositivo, quando praticados atos ultra vires.
O Projeto de Código Civil do professor MIGUEL REALE, hoje Lei 10.406 de 2002, acolheu a “doutrina da desconsideração da pessoa jurídica”².
O professor RUBENS REQUIÃO transcreveu na Conferência proferida na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná a observação de Rolf Serik sobre o assunto:
A disregard doctrine aparece como algo mais do que um simples dispositivo do Direito americano de sociedade. É algo que aparece como conseqüência de uma expressão estrutural da sociedade. E, por isso, em qualquer país em que se apresente a separação incisiva entre a pessoa jurídica e os membros que a compõem, se coloca o problema de verificar como se há de enfrentar aqueles casos em que essa radical separação conduz a resultados completamente injustos e contrários ao direito.³
Naquela mesma Conferência, concluiu o professor RUBENS REQUIÃO:
“..., diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos e abusivos.”4
Outro docente de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, o professor José Lamartine Corrêa, em artigo pioneiro, hoje igualmente clássico, fez, entre os primeiros, o discurso inaugural sobre a doutrina da desconsideração da personalidade jurídica e seu potencial de aplicação por vir no direito brasileiro.
Com isso, na lição do civilista (Lamartine Corrêa), ou no ensino do comercialista (Rubens Requião), lançaram-se as bases doutrinárias e proposições “de lege ferenda”, para que se levantasse o véu da personalidade jurídica (“lifting the corporate veil”) e se desconsiderasse a pessoa moral (“disregard doutrine”), sempre e onde a personalidade jurídica fosse desviada em proveito da fraude à lei e para a prática de atos ilícitos.
A professora MARIA HELENA DINIZ (Curso de Direito Civil Brasileiro, 2002, p. 262) sobre o assunto esclarece:
“Essa doutrina tem por escopo responsabilizar os sócios pela prática de atos abusivos sob o manto de uma pessoa jurídica, coibindo manobras fraudulentas e abuso de direito, mediante a equiparação do sócio e da sociedade, desprezando-se a personalidade jurídica para alcançar as pessoas e bens que nela estão contidos.”5
Das proposições para um direito futuro (“de lege ferenda”), a Teoria da Desconsideração ganhou foro de direito positivo (“de lege lata”).
A aludida doutrina, nas relações consumeristas, a partir da vigência da Lei 8.078, de 11.09.1990 – Código de Defesa do Consumidor, conhecido como CDC, foi mitigada a rigidez do célebre artigo 20, do Código Civil de 1916, em face da normatização da desconsideração da personalidade jurídica nos campos do Direito Civil e Comercial. O CDC em seu artigo 28 prescreve:
“Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.
§ 1º (Vetado).
§ 2º As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.
§ 3º As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.
§ 4º As sociedades coligadas só responderão por culpa.
§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.”
O Código Civil de 2002 foi promulgado trazendo, dentre muitos, o artigo 50, sem correspondência com o Codex de 1916, que deve ser objeto de análise, a saber:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”
O professor RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR (Projeto do Código Civil: As Obrigações e os Contratos, p. 4)6, sobre o citado artigo 50, antes da promulgação do Código Civil, se manifestou no seguinte sentido:
“É a teoria objetiva, a prescindir da fraude e se satisfazendo com o desvio da finalidade ou a confusão de patrimônios, com ou sem fraude, com ou sem prejuízo a terceiro (...). A disposição do projeto não é igual à do Código de Defesa do Consumidor (...) [porque] não inclui o fato objetivo da confusão de patrimônio como causa de desconsideração, ao mesmo tempo em que se refere a outras situações específicas, não contempladas no Projeto.”
Dessa forma, o Código Civil de 2002 abandonou, parcialmente, o princípio romano societas distat a singulis, porque o patrimônio dos sócios poderá se fundir ao da sociedade, em duas hipóteses: (i) abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade; ou (ii) abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial. Buscar-se-á, com isso, a adequação da justa indenização do dano causado, sem que isso cause qualquer desestímulo à atividade empresarial.
Mas se for uma sociedade limitada regida pelas normas da sociedade simples, o parágrafo único do artigo 1.015 prescreve uma exceção de imediato à desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade, porque o excesso por parte dos administradores poderá ser oposto a terceiros quando se tratar de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade, ampliando-se, pois, a importância e a necessidade de se conhecer o contrato social da sociedade.
Agora se o contrato social da sociedade limitada tiver a regência pelas normas da sociedade anônima, não haverá exceção, na forma do artigo 158 da Lei 6.404/1976.
Assim, se o administrador abusar da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, estará envolvendo diretamente não somente os seus bens particulares, mas os dos sócios, que nesta hipótese passarão a ter a responsabilidade solidária.
A responsabilidade dos sócios é subsidiária, isto é, o sócio demandado pelo pagamento da dívida; poderá exigir que sejam primeiro excutidos os bens do administrador e da sociedade (art. 596 do CPC).
A esse respeito, o professor AMÍLCAR DE CASTRO (Do Procedimento de Execução: Código de Processo Civil, 2000, p. 76-77) esclareceu:
“A responsabilidade subsidiária dos sócios só aparece depois de verificada a insuficiência dos haveres sociais. Os sócios são solidários para as obrigações da sociedade, e em primeiro lugar deve ser executado quem contratou: a sociedade. Por isso os credores, sem acionar e executar a devedora, não podem executar os sócios por obrigações sociais, como se os mesmos tivessem contratado diretamente por conta própria.”7
Dessa forma, entendemos que administrador e sócios responderão, no cumprimento de suas obrigações, “com todos os seus bens, presentes e futuros (responsabilidade), salvo as restrições estabelecidas em lei (impenhorabilidade)”8, (art. 591).
O Projeto de Lei 3401/08, do deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), que disciplina o procedimento de declaração judicial de desconsideração da personalidade jurídica, resgata a iniciativa do PL nº 2.426/03, este já arquivado. O PL estabelece regras processuais para aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, além de assegurar o prévio exercício do contraditório em hipóteses de responsabilidade pessoal de sócio por débito da pessoa jurídica.
Às decisões ou atos judiciais de quaisquer dos órgãos do Poder Judiciário que imputarem responsabilidade direta, em caráter solidário ou subsidiário a membros, instituidores, sócios ou administradores pelas obrigações da pessoa jurídica, aplicar-se-á o aludido PL.
A parte que postular a desconsideração da personalidade jurídica ou a responsabilidade pessoal de membros, instituidores, sócios ou administradores por obrigações da pessoa jurídica, indicará, necessária e objetivamente, em requerimento específico, quais os atos por eles praticados que ensejariam a respectiva responsabilização, na forma da lei específica, o mesmo devendo fazer o Ministério Público nos casos em que lhe couber intervir no processo.
Se as condições mencionadas no parágrafo anterior deixarem de ser observadas, o juiz deverá indeferir liminarmente o pleito.
O juiz estabelecerá o contraditório, assegurando o prévio exercício da ampla defesa, para somente após decidir sobre a possibilidade de decretar a responsabilidade dos membros, instituidores, sócios ou administradores por obrigações da pessoa jurídica.
Os membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica serão citados ou, se já integravam a lide, serão intimados, para se defenderem no prazo de dez dias, sendo-lhes facultada a produção de provas, após o que o juiz decidirá o incidente.
Há uma novidade no Projeto, que dificulta a vida dos advogados. Quando forem várias as pessoas físicas eventualmente atingidas, os autos permanecerão em cartório e o prazo de defesa para cada um deles contar-se-á a partir da respectiva citação, quando não figuravam na lide como partes, ou da intimação pessoal se já integravam a lide, sendo-lhes assegurado o direito de obter cópia reprográfica de todas as peças e documentos dos autos ou das que solicitar, e juntar novos documentos.
A grande novidade é que o Juiz não poderá decretar de ofício a desconsideração da personalidade jurídica. Para que seja decretada será necessária a oitiva do representante do Ministério Público e nos casos expressamente previstos em lei, sendo vedada a sua aplicação por analogia ou interpretação extensiva.
O Juiz deverá facultar à pessoa jurídica a oportunidade de satisfazer a obrigação, em dinheiro, ou indicar os meios pelos quais a execução possa ser assegurada, antes de decretar a desconsideração da personalidade jurídica.
E mais, a mera inexistência ou insuficiência de patrimônio para o pagamento de obrigações contraídas pela pessoa jurídica não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, quando ausentes os pressupostos legais.
Não serão atingidos os bens particulares de membro, instituidor, sócio ou administrador que não tenha praticado ato abusivo da personalidade em detrimento dos credores da pessoa jurídica e em proveito próprio.
Considerar-se-á em fraude à execução a alienação ou oneração de bens pessoais de membros, instituidores, sócios ou administradores da pessoa jurídica, capaz de reduzi-los à insolvência, quando, ao tempo da alienação ou oneração, tenham sido eles citados ou intimados da pendência de decisão acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ou de responsabilização pessoal por dívidas da pessoa jurídica.
Aprovado o PL, a lei entrará em vigor na data de sua publicação, aplicando-se, imediatamente, a todos os processos em curso perante quaisquer dos órgãos do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição.

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¹ CORRÊA-LIMA, Osmar Brina. Responsabilidade Civil dos Administradores de Sociedade Anônima. Rio de Janeiro: Aide, 1989. p.140.

² Art. 50, parágrafo único, do Projeto de Lei do Senado Federal n. 118/84.

³ In RT 410/14.

4 Ob. Cit. 410/14.

5 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, vol. I. p. 262.

6 AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Projeto do Código Civil: as Obrigações e os Contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 4.
7 CASTRO, Amílcar de. Do Procedimento de Execução: (Código de Processo Civil). Obra atualizada e revisada por FRASÃO, Stanley Martins; BARROS, João Pedro da Costa. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p.76-77.

8 CASTRO, Amílcar de. Ibid., 2000, p.52.

sexta-feira, 3 de abril de 2009

Eleição Direta

Eleição Direta
Diretoria da OAB poderá ser escolhida por eleição direta
Tramita na Câmara o PL 804/07 (v.abaixo), do deputado Lincoln Portela - PR/MG, que institui a eleição direta, com voto secreto, para a diretoria do Conselho Federal da OAB, com a participação de todos os advogados inscritos na Ordem.
Atualmente, os integrantes da diretoria são escolhidos por um colégio eleitoral formado pelos conselheiros das seccionais da OAB. "A sociedade brasileira e os advogados não mais admitem eleições indiretas", afirma o autor da proposta.
Portela afirma que a OAB, por ser uma das mais importantes instituições do País, deve dar exemplo e instituir um processo livre e democrático para escolher seus principais cargos representativos. "Causa estranheza o fato de a OAB viver pregando eleições diretas para cargos eletivos de todos os níveis e instituições, e não aprová-las dentro da própria Ordem", salienta.
"A eleição direta concederá ao presidente nacional da entidade a legitimidade necessária para aprofundar a luta pelo aprimoramento da democracia em todas as instituições do Brasil", diz Lincoln Portela.
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Confira abaixo a íntegra da proposta :
PROJETO DE LEI N° , DE 2007(do Sr. Lincoln Portela)
Altera o art. 1°da Lei n°11.179 de 22 de setembro de 2005, que “altera os arts. 53 e 67 da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.”
O CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1°. O art. 1° da Lei n°11.179 de 22 de setembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte redação:
Art.53.............................................................................
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§ 3° Na eleição para a escolha da Diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a 1 (um) voto, vedado aos membros honorários vitalícios." (NR)
"Art.67...........................................................................
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IV. No dia 27 de janeiro, proceder-se-á, em todo território nacional, à eleição da Diretoria do Conselho Federal, pelo voto direto e secreto de todos os advogados inscritos, devendo o Presidente do Conselho Seccional comunicar, em três dias, à Diretoria do Conselho Federal, o resultado do pleito em seu Estado.
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V. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos válidos.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A Ordem dos Advogados do Brasil sempre se destacou na defesa da democracia e em prol dos anseios e direitos populares. Por ela passaram (e passam) os maiores nomes da advocacia nacional, que dedicaram (e dedicam) suas vidas ao direito e a democracia, tais como Rui Barbosa, Evaristo de Morais (pai e filho), Sobral Pinto, Raymundo Faoro, Evandro Lins e Silva, José Cavalcanti Neves, Seabra Fagundes, Victor Nunes Leal, dentre tantos outros magnos nomes.
Ninguém contesta que foi a OAB, um dos principais focos de resistência à ditadura militar e defesa das instituições livres e democráticas do Brasil, sendo a instituição dos advogados brasileira a vanguarda na luta pela concretização do estado democrático de direito tupiniquim.
Todos lembram quando a Ordem levantou, com bravura e dignidade, a bandeira das "DIRETAS JÁ", levando os principais advogados do país a subir nos palanques, participar de comícios e manifestações afins em defesa de eleições diretas para todos os cargos eletivos da nação, especialmente para Presidente da República.
Momento marcante, que emocionou a todos, foi quando SOBRAL PINTO, irreprochável advogado e eminente membro do Conselho Federal, de saudosa memória, falou para milhares de pessoas, dizendo com sua indiscutível autoridade, que "todo poder emana do povo, e em seu nome deve ser exercido".
A advocacia não é somente uma profissão, se constituindo também em munus público, e é por tal motivo que foi declarada função essencial à Justiça, consoante o diz a própria Constituição Federal, em seu artigo 133, norma regulamentada pelo art. 2º da Lei nº 8.906/94.
Por isso que se afirma que são os advogados os grandes defensores da democracia, escudeiros da dignidade, baluartes dos direitos e garantias individuais e coletivos, consagrados legal e constitucionalmente.
Todavia, os advogados brasileiros não podem escolher o seu battonier, ficando impedidos de votar diretamente no Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil e nos outros membros da Diretoria do Colendo Conselho Federal.
A Lei nº 8.906, de 04 de julho de 1994, que instituiu o novo Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, não permitiu (infelizmente !) ao causídico escolher diretamente o seu líder maior e os outros membros da Diretoria do Egrégio Conselho Federal da Ordem, da mesma forma não o fez a Lei n°11.179 de 22 de setembro de 2005, que alterou os arts. 53 e 67 do Estatuto da OAB.
Anteriormente, na vigência da Lei nº 4.215, de 27.04.1963, igualmente não existia eleição direta para a Diretoria do Conselho Federal, sendo a mesma eleita por voto dos Conselheiros Federais de cada unidade federativa.
O Estatuto, apesar de ter ampliado o "colégio eleitoral", pois atualmente são os Conselheiros das Seccionais quem elegem o Presidente e os outros membros da Diretoria Nacional da Ordem, não refletiu a vontade dos advogados brasileiros, que desejam sedentemente poder escolher os líderes máximos de sua sagrada instituição de classe.
Sem advogado não há democracia, este é um dos lemas da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, o que causa estranheza, principalmente ao cidadão comum, é o fato da OAB viver pregando eleições diretas para os cargos eletivos, em todos os níveis e instituições, e não fazê-las dentro da própria instituição.
Fica, para o leigo, parecendo com aquele brocardo popular : "faça o que digo, mas não faça o que faço", não havendo motivo lógico, num país que se proclama democrático, que impeça a realização de eleições diretas para Presidente Nacional da OAB, instituição respeitada e admirada por todos os brasileiros.
DEMOCRACIA, é o "regime político em que a soberania reside no povo" (TOSTES MALTA, in Dicionário Jurídico), afirmando o parágrafo único do artigo inicial de nossa Carta Política, litters : "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente".
Observe-se, que a Constituição consagrou o termo "TODO" o poder, e não parte dele, e segundo os dicionaristas o vocábulo "todo" significa "completamente, inteiramente", etc (HOUAISS, Dicionário, Edições Delta 1994), sendo a Ordem dos Advogados do Brasil uma das mais importantes instituições deste país, devendo dar exemplo, instituindo um processo livre e democrático para o acesso aos seus principais cargos representativos.
Não há a mínima plausibilidade na tese dos que defendem a manutenção do COLÉGIO ELEITORAL na OAB, já que a sociedade está cada dia mais exigente, necessitando ser a Diretoria do Conselho Federal da Ordem legitimidada pelo voto direto dos advogados brasileiros, com valor igual para todos.
O voto direto concederá ao Presidente Nacional da OAB a legitimidade necessária, lastreada fortemente no voto direto de todos os advogados da nação, para comandar a profissão da liberdade, podendo a Diretoria do Conselho Federal da Ordem, após ser eleita diretamente, aprofundar a luta pelo aprimoramento da democracia em todas as instituições do Brasil.
A sociedade brasileira, principalmente os advogados, não mais admitem eleições indiretas. Os causídicos têm hoje repulsa aos Colégios Eleitorais e a procedimentos que arranham a legitimidade de Dirigentes de instituições nacionais, como o atual processo eleitoral para a escolha da Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil.
Com certeza, os advogados, se consultados fossem, diriam, como fez toda a nação na década pretérita, que querem escolher diretamente seu líder maior - o Presidente Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, ficando aqui nosso protesto, em defesa daquela bandeira que certa feita a própria OAB levantou : Diretas Já!
Sala das sessões, em de de 2007
Deputado LINCOLN PORTELAVice-líder PR/MG
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3/7/03 - Stanley Martins Frasão - OAB e a eleição indireta para presidente - clique aqui
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Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 8 de janeiro de 2009.
Fonte: www.migalhas.com.br

Lei quase seca

Lei quase seca
Stanley Martins Frasão*
Diariamente, nos telejornais e nos jornais, são divulgados os índices de redução de acidentes e óbitos após a vigência da denominada 'Lei Seca' (clique aqui).
As discussões sobre o tema continuam gerando polêmica entre os brasileiros, em todas as camadas sociais, gerando adeptos parciais e gerais à Lei.
A fiscalização vem sendo feita, mas é conhecida a falta de bafômetros, principalmente em cidades menores.
Bem sabemos, a discussão está longe de terminar, afinal, aguarda-se, inclusive, o julgamento de ação de inconstitucionalidade da Lei pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Não diferentemente, no Congresso Nacional, a matéria deverá ser debatida novamente.
O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT/RS) é o autor o Projeto de Lei 3.715/08, que altera o Código de Trânsito Brasileiro - Lei n°. 9.503/97 (clique aqui), com a finalidade de modificar os índices de alcoolemia que punem os condutores de veículos.
Se aprovado o PL, os artigos 255-B, 276 e 306 do CTB passarão a vigorar com novas redações:
"Art. 255-B. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração - gravíssima; Penalidade - multa;"
"Art. 276. A concentração superior a 12 (doze) decigramas de álcool por litro de sangue sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165 deste Código".
"Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 16 (dezesseis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência?"
O Deputado justifica, "o excesso de dureza do direito determina a injustiça". E continua, "a lei impõe multa pesadíssima ao motorista que for flagrado com mínima ingestão de álcool, além de cassação da licença e outras sanções de caráter penal. Um bafômetro, aplicado de tocaia nas proximidades de uma festa ou de um bar, apanhará inocentes e culpados, tanto os temíveis 'beberrões' quanto os moderados bebedores do chopinho de fim de tarde. Não é aceitável que com a dureza da lei se queira inverter os costumes nacionais e transformar todos os cidadãos em abstêmios, consumidores de suco de fruta e refrigerantes". E sentencia, "a recente redução dos índices de acidentes de trânsito não estaria ligada à rigidez da nova lei, mas à intensa fiscalização realizada pelas autoridades logo após a sua vigência".
O PL seguirá para o Plenário após ser analisado pelas comissões de Viação e Transportes; e de Constituição (clique aqui) e Justiça e Cidadania, sendo que o Deputado Mauro Lopes (PMDB/MG) foi designado Relator perante a Comissão de Viação e Transportes – CVT , em 21/8/2008.
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*Advogado do escritório Homero Costa Advogados

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Esta matéria foi colocada no ar originalmente em 30 de setembro de 2008.
Fonte: www.migalhas.com.br